La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco de la investigación sobre el rescate de Plus Ultra ha abierto un nuevo frente político para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Aunque desde Sumar, miembro minoritario en el Consejo de Ministros, han evitado emitir una condena anticipada, la formación rosa sí ha aprovechado la sacudida judicial para reclamar una regulación mucho más estricta sobre la actividad profesional y empresarial de los expresidentes del Gobierno una vez abandonan el poder.
El encargado de verbalizar esa posición ha sido el portavoz de Justicia e Interior del grupo plurinacional en el Congreso, Enrique Santiago, quien, tras conocerse el auto dictado por la Audiencia Nacional, defendió la necesidad de “ordenar y regular adecuadamente” las actividades de los expresidentes para evitar conflictos de intereses y zonas grises entre la influencia política acumulada y las relaciones empresariales posteriores.
Santiago lanzó además una advertencia de fuerte contenido político y jurídico al recordar que “cobrar por gestiones políticas constituye un delito”, en referencia a las acusaciones que rodean la investigación sobre el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
El diputado de Izquierda Unida evitó realizar afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad del exmandatario socialista, pero sí admitió públicamente sus dudas sobre el desarrollo del procedimiento judicial. “No huele bien”, deslizó al ser preguntado por el auto del juez, una expresión con la que dejó entrever el malestar y la inquietud existentes dentro de sectores de la izquierda ante una investigación que muchos interpretan ya en clave política.
Otro socio de investidura del Gobierno, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), comparte el diagnóstico de Sumar y también apuesta por regular la figura de los expresidentes en el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno. El Bloque Nacionalista Galego (BNG), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y Junts Per catalunya (Junts) han optado por no contestar a este diario.
En el entorno de Sumar crece la percepción de que el caso amenaza con convertirse en otro episodio de máxima tensión institucional entre la izquierda y determinados sectores judiciales y mediáticos. No obstante, la coalición intenta mantener un delicado equilibrio: defender la presunción de inocencia de Zapatero sin aparecer como un actor que desacredita de forma frontal las resoluciones judiciales.
La posición de Santiago se sitúa así en una doble dimensión. Por un lado, reivindica mayores mecanismos de control y transparencia sobre quienes han ocupado las más altas responsabilidades del Estado.
Por otro lado, deja entrever una cierta desconfianza hacia el contexto político y judicial que rodea la imputación del expresidente, especialmente después de que la causa haya desembocado en registros policiales y en la citación judicial de una de las figuras más emblemáticas del socialismo español contemporáneo.
El debate sobre las llamadas “puertas giratorias” y la actividad privada de los antiguos dirigentes políticos vuelve de esta forma al centro de la discusión pública. La investigación judicial contra Zapatero ha reactivado una vieja discusión sobre los límites éticos, legales y políticos de las relaciones entre poder institucional, influencia económica y actividad empresarial una vez abandonada la primera línea política.
Mientras tanto, el espacio progresista continúa dividido entre quienes consideran prioritario cerrar filas frente a una posible operación de lawfare y quienes creen que la izquierda debe aprovechar la crisis para impulsar nuevas exigencias de ejemplaridad y control institucional.
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