El conflicto por la supervivencia del río Tajo entra en una nueva fase. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que será el próximo martes cuando el Consejo de Gobierno dé luz verde formal a la denuncia contra el Ministerio para la Transición Ecológica, activando así el proceso judicial para exigir el cumplimiento de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río.
Aunque la decisión de recurrir a los tribunales ya estaba tomada desde hace meses, lo relevante ahora es que el Ejecutivo de Emiliano García-Page ha fijado fecha para iniciar ese recorrido judicial. Será en la reunión del Consejo de Gobierno cuando se apruebe definitivamente la interposición del recurso.
El propio presidente regional ha sido quien ha avanzado este viernes el nuevo paso, subrayando que la denuncia responde al “incumplimiento con el agua” por parte del Ministerio. Un incumplimiento que, según el Gobierno castellano-manchego, se prolonga desde hace más de dos años, pese a las obligaciones legales vigentes.
En el centro de la disputa están las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a establecer caudales ecológicos en el Tajo. Estas resoluciones judiciales forman parte del marco normativo que debía haberse desarrollado a través de una modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, contemplada en el Plan Hidrológico y con fecha de aplicación desde febrero de 2024.
Sin embargo, esa adaptación sigue sin producirse. El retraso ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por el Gobierno regional, que incluso llegó a marcar 2025 como límite para que el Ministerio actuara. Con ese plazo ya superado, la aprobación del recurso este martes supone el paso definitivo para trasladar el conflicto a los tribunales.
García-Page ha insistido en que no se trata de una cuestión menor, recordando que las sentencias “no se ganan así como así, se ganan peleando”. En este sentido, ha puesto en valor el recorrido judicial previo que ha permitido a Castilla-La Mancha obtener estos fallos favorables, aunque ha lamentado que aún no se hayan traducido en medidas concretas.
El Gobierno lo interpreta como un bloqueo
Desde el Ejecutivo autonómico se interpreta esta situación como un bloqueo que obliga a seguir litigando para hacer valer resoluciones ya firmes y ha lamentado que "tengamos que denunciar para que se cumplan las sentencias”, ha señalado el presidente regional, evidenciando la frustración ante la falta de avances.
El trasfondo del conflicto vuelve a situar el foco en la gestión del trasvase Tajo-Segura, un sistema que históricamente ha generado tensiones territoriales. Para Castilla-La Mancha, la implantación de caudales ecológicos es vital para garantizar la recuperación del río y corregir una situación que considera insostenible desde el punto de vista ambiental.
La aprobación del recurso este martes no solo formaliza la denuncia, sino que abre un nuevo escenario judicial en un asunto que lleva años marcando la agenda política regional. A partir de ese momento, será la justicia la que vuelva a pronunciarse sobre el cumplimiento de unas sentencias que, por ahora, siguen sin aplicarse en su totalidad.
