El Real Decreto-ley que contenía la prórroga de los alquileres decayó este martes, después de poco más de un mes de vida. Las negociaciones de última hora desplegadas por Sumar, bajo el mando del ministro Pablo Busntinduy, y la presión desde la sociedad civil, con asociaciones y sindicatos reclamando su supervivencia, no pudieron evitar que Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya uniesen sus votos, sumando la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV), acabasen con la mínima protección de la que gozaban los inquilinos.

Son migajas”, calificaba la política el Sindicato de Inquilinas, en una entrevista concedida a ElPlural. Sin embargo, pese a no abordar el verdadero problema de la vivienda, defendían su vigencia para las casi un millón de familias, según su cálculo, que podrían verse expulsadas por la subida desmedida de sus rentas durante este año y el siguiente, situación que evitaba la norma. Ahora, planean una “primavera de movilizaciones” para presionar en favor de un verdadero abordaje institucional y para defender las miles de prórrogas ya solicitadas durante el periodo de vigencia del Decreto.

PP, Vox y Junts son el brazo político del rentismo

“Esta medida, aunque se trata de una medida de mínimos que no soluciona la crisis de vivienda, sino que la posterga, podía contribuir a evitar la expulsión de hasta un millón de familias inquilinas hasta finales del año 2027 a causa del aumento del precio del alquiler”, ha reaccionado la Confederación de Sindicato de Inquilinas, que agrupa a las divisiones territoriales de toda España, en un comunicada. “Las empresas rentistas e inmobiliarias van a coordinarse para lanzar un mensaje de confusión contra las prórrogas pedidas durante la vigencia del Real Decreto”, anticipan, dejando claro que no permitirán que esto suceda.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara: la validez del contenido de un Real Decreto-ley durante su periodo de vigencia, independientemente de que posteriormente no supere su convalidación, es plena. Sin embargo, los poderes económicos pretenden hacer de esta situación un peregrinaje judicial que termine por desgastar a los inquilinos desprotegidos. “Durante este mes hemos enviado más de 16.000 modelos de prórrogas de alquiler y hemos recopilado las contestaciones de los caseros. Así que ya hemos podido preparar cuatro documentos de respuesta contra sus excusas más habituales para rechazar la prórroga”, advierten desde los Sindicatos de Inquilinas.

La prórroga es legalmente válida si se ha pedido entre el 22 de marzo y el 28 de abril, ambos días incluidos”, certifican, al igual que hacen la mayoría de expertos judiciales que se han pronunciado al respecto. No obstante, la organización traslada que “para conquistar un derecho hay que hacerlo valer y el primer paso es contestar con contundencia”. Asimismo, recuerdan que, para aquellos que no hayan podido solicitarla, siguen en pie el resto de estrategias de desobediencia civil para impedir el hostigamiento y las prácticas usureras de los caseros.

Movilizaciones: 24 de mayo, la primera

Ante la gravedad de la situación y la inanición de las instituciones, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha anunciado una oleada de nuevas movilizaciones para esta primavera. La primera ya está fechada, se producirá el próximo 24 de mayo en Madrid e irá de Atocha hasta la parada de Metro Sevilla

“Mientras los salarios han subido una media de un 20% en los últimos 5 años, los precios del alquiler en las capitales de provincia del estado han subido un 60%”, denuncian desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. La primera de las movilizaciones ya había sido anunciada y, como trasladaban a este periódico, su celebración era independiente de lo que pudiera pasar con el Decreto de alquileres. Sin embargo, el devenir de la norma hace prever a los sindicatos que esta fecha no será la única esta primavera.

El objetivo, señalar a los responsables y presionar a las instituciones. “PP, Vox, Junts per Catalunya con su voto en contra y la abstención del PNV demuestran que son el brazo político del rentismo. Con su negación a la prórroga de alquileres demuestran claramente sus prioridades: proteger al rentismo por encima de la mayoría de la población”, exponen. No obstante, los partidos que conforman la autodenominada coalición progresista tampoco se libran de los reproches por su inoperancia y sus cortos avances en la materia.

"Los caseros son culpables, sí, pero los gobiernos son responsables también a su vez. De las instituciones ya no esperamos nada, nos han fallado una y otra y otra vez y otra vez y otra vez y no esperamos ya ninguna solución, más que migajas o simples concesiones. No esperamos ningún cambio estructura y que vaya a la raíz del problema; es decir, que la vivienda deje de tratarse como un activo financiero. No hay ninguna esperanza por ese lado, por eso es por lo que vamos a la manifestación y por eso, más importante, que es la organización de todos los días”, sentenciaba Gonzalo Álvarez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en declaraciones a este periódico.

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