El traslado de menores desde Ceuta vuelve a poner sobre la mesa la capacidad del sistema de protección de Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha confirmado que cumplirá con las obligaciones legales de acogida, aunque reclama al Ejecutivo central más planificación, financiación y coordinación para afrontar nuevas derivaciones. La región tutela actualmente a más de 1.200 menores y este jueves está previsto que reciba a 14 procedentes de Ceuta, correspondientes a crisis migratorias anteriores a la registrada el pasado mes de julio.
El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha defendido que la comunidad autónoma seguirá cumpliendo la normativa en materia de protección. “Lo que estamos haciendo es acoger a menores en cumplimiento de una ley aprobada por el Parlamento y que nos obliga a ello”, ha señalado.
Caballero ha querido precisar que esta posición no supone rechazar la atención a quienes puedan necesitar protección.“No estamos diciendo que no vayamos a acoger a otros menores”, ha afirmado, aunque ha reclamado que estas decisiones se adopten de forma coordinada y no queden al criterio individual de cada Ejecutivo autonómico.
En este sentido, ha defendido que “el acogimiento no puede ser algo voluntario ni de libre albedrío de un gobierno”, sino que debe realizarse “de manera coordinada por quien tiene la responsabilidad, que es el Gobierno de España, y de acuerdo con el cumplimiento de la ley”.
La Junta pide más recursos para garantizar la atención
Junto al cumplimiento de las obligaciones legales, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que la capacidad de su red de protección es limitada. Caballero ha recordado que los servicios de acogida de Castilla-La Mancha “están saturados” y que la comunidad “no tiene capacidad para mucho más”.
Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha reclamado que cualquier refuerzo de la acogida vaya acompañado de financiación suficiente. “Hay que hacer un esfuerzo”, ha señalado, antes de subrayar que atender a menores migrantes requiere mucho más que habilitar un espacio físico.
“Estamos hablando de que esos recursos tienen que tener financiación”, ha subrayado Padilla, antes de explicar que la atención requiere equipos de educadores, psicólogos y otros profesionales especializados. También ha recordado que los menores necesitan una atención permanente y que los recursos deben garantizar unas condiciones adecuadas de protección.
“No estamos hablando de poner una nave con camas”, ha afirmado la portavoz, que ha defendido un modelo basado en casas y familias de acogida. “Son casas de acogida, son familias de acogida y todo eso no se hace de un día para otro”, ha añadido.
Castilla-La Mancha cuenta actualmente con una red de acogimiento que combina recursos residenciales y familiares y que se apoya también en entidades del tercer sector. En el ámbito familiar, la región dispone de 610 familias acogedoras que conviven con menores y participan directamente en su atención.
Castilla-La Mancha pide reforzar el control fronterizo
La portavoz autonómica ha situado además el control de las fronteras como otra de las cuestiones que, a su juicio, deben abordarse junto a la respuesta humanitaria. Padilla ha reclamado que el Gobierno de España ejerza sus competencias en esta materia y ha defendido que cualquier actuación debe garantizar al mismo tiempo la protección de quienes tengan derecho a asilo.
“Por supuesto, garantizar la atención humanitaria a todo el que tenga derecho por razones de asilo”, ha señalado. Pero, a continuación, ha reclamado medidas para evitar que el incremento de las llegadas termine desbordando los sistemas de protección: “O se pone un límite o será imposible atender a todas las personas que llegan a través de nuestras fronteras”.
La consejera ha ampliado además la responsabilidad al ámbito europeo. “Evidentemente aquí también la implicación de la Unión Europea. No es un tema de Ceuta, no es un tema de España, es un tema del conjunto de la Unión Europea”, ha defendido.
Las declaraciones llegan en un momento en el que el Gobierno central ha planteado nuevas medidas para reforzar la atención a la población migrante y a los menores no acompañados. El Ejecutivo aprobó a finales de agosto un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, destinado a financiar actuaciones de acogida, atención psicosocial, escolarización, alojamiento, atención médica y refuerzo de personal, entre otros gastos.
A estas medidas se suma el real decreto-ley de 309 millones de euros para Ceuta, aprobado por el Gobierno el pasado 1 de septiembre y convalidado este miércoles por el Congreso, con 304 votos a favor, 33 en contra y siete abstenciones. El paquete contempla 118 millones para acogida humanitaria, además de partidas destinadas a seguridad, servicios esenciales y apoyo a la economía de la ciudad autónoma.
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