De "Óscar Muerte" a "malnacido": ¿dónde ha quedado la decencia cuando hay 69 muertos?

Hay palabras que, una vez pronunciadas, retratan mucho más a quien las dice que a la persona a la que pretenden desacreditar. Y hay momentos en los que utilizarlas resulta todavía más grave. Cuando un país acaba de sufrir una tragedia ferroviaria con decenas de muertos, cuando hay familias esperando noticias, cuando todavía se están identificando víctimas y cuando las causas del accidente ni siquiera se han esclarecido, uno esperaría que la política supiera contenerse. No renunciar a exigir responsabilidades. No renunciar a fiscalizar al Gobierno. Simplemente, hay que recordar que hay límites. Pero esos límites parecen haberse convertido en una frontera que algunos han decidido cruzar sin ningún reparo.

El accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ha dejado al menos 69 fallecidos. 69 personas que no son una cifra ni una estadística: son 69 vidas con sus historias, sus sueños, sus familias, sus amigos y un futuro que les ha sido arrebatado.

Una tragedia que exige explicaciones, una investigación rigurosa y, si corresponde, responsabilidades políticas. Pero exigir la dimisión inmediata del ministro antes de identificar a todas las víctimas, conocer las causas del accidente y esclarecer qué falló tampoco es exigir responsabilidades: es buscar una cabeza de turco. La verdadera responsabilidad ahora es dar la cara, llegar hasta el final y poner soluciones para que no vuelva a ocurrir. Marcharse antes de haber dado respuestas no es asumir responsabilidades, es eludirlas.

Lo que resulta difícil de justificar es que, apenas transcurridas unas horas desde el siniestro, parte de la oposición haya elegido el insulto, la descalificación personal y el señalamiento como principal lenguaje de respuesta.

Santiago Abascal decidió que el ministro ya no debía ser llamado Óscar Puente. En un mitin celebrado en Ávila el jueves 29 de octubre, cuando no habían pasado ni 24 horas de la tragedia, lo bautizó como "Óscar Muerte". No se quedó ahí. Aseguró que el accidente no había sido consecuencia de un error humano ni técnico, sino de un "crimen", y atribuyó al presidente del Gobierno y al ministro la condición de responsables de una tragedia que todavía está siendo investigada.

El secretario general del grupo parlamentario de Vox, José María Figaredo, fue más allá al calificar a Puente de "criminal" y anunciar que su partido quería que respondiera ante la justicia. Vox presentó, además, una querella en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidio imprudente y lesiones.

Una querella es un instrumento legítimo del Estado de derecho. Su presentación no convierte, sin embargo, a nadie en culpable. Y mucho menos permite sustituir la investigación judicial por una condena política anticipada.

La ofensiva verbal tampoco se ha limitado a los dirigentes políticos. Miguel Bosé publicó un mensaje en el que deseaba que "todas las almas de Adamuz y Urda fulminen al ministro", al que calificó de "escoria", "desgracia humana" y "malnacido". Esas palabras no proceden de un diputado ni de un portavoz parlamentario, sino de una figura pública que ha decidido utilizar el dolor de las víctimas para dirigir un ataque personal contra un miembro del Gobierno.

Conviene distinguir responsabilidades y autorías. Bosé no habla en nombre del PP ni de Vox. Pero sus mensajes forman parte de un clima de deshumanización que merece una reflexión mucho más profunda que la simple reproducción de insultos en las redes sociales.

El PP, por su parte, ha convertido la exigencia de responsabilidades en una auténtica ofensiva personal contra el ministro. No se ha limitado a cuestionar su gestión ni a reclamar explicaciones: ha recurrido a la descalificación, el desprecio y el señalamiento público. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, ha exigido su dimisión inmediata, asegurando que "no debería llegar al martes" y que "no hay ningún español en este país que no piense" que debe marcharse. Pero el tono de los populares viene de lejos.

Miguel Tellado, secretario general del partido, llegó a calificar de "miserable" e "inadmisible" la actuación de Puente tras Adamuz y preguntó si Sánchez iba a obligar a las familias de las víctimas a verle en el funeral de Estado: "¿Así de cruel va a ser?".

El mismo Tellado que ha convertido el insulto y la descalificación en recursos habituales de su discurso político llegó a llamar "sectario" e "incompetente" al Gobierno y a presentar al ministro como "el portavoz de la mentira". A esa escalada se suman expresiones como "trazas de matón", utilizadas por el diputado Jaime de los Santos para referirse a Puente en marzo de 2025. La pregunta es inevitable: ¿dónde queda el respeto institucional que tanto reclama el PP cuando es él quien tiene la oportunidad de ejercerlo?

Exigir una dimisión es legítimo. Pedir explicaciones es una obligación de la oposición. Cuestionar la gestión de un ministro forma parte de la normalidad parlamentaria. Pero una cosa es la crítica política y otra convertir el insulto en una forma habitual de comunicación institucional.

Y aquí aparece una pregunta que debería hacerse cualquier partido que aspire a gobernar: ¿qué clase de cultura política está contribuyendo a construir?

Porque no hablamos de un enfrentamiento parlamentario cualquiera. Hablamos de una tragedia con personas fallecidas, con heridos y con familias que están atravesando uno de los peores momentos de sus vidas. El dolor de esas familias no puede convertirse en un recurso retórico para ganar un titular, alimentar una campaña electoral o conseguir unos minutos de protagonismo en un mitin.

La responsabilidad política se exige con argumentos, documentos, preguntas y pruebas. La responsabilidad penal se determina en los tribunales. Llamar asesino a alguien antes de que exista una investigación que determine responsabilidades no es exigir justicia: es anticipar una condena.

Y lo más preocupante es que esta manera de relacionarse con el adversario se ha ido normalizando hasta el punto de que parece que ya no hay nada que pueda sorprendernos.

Angrois: cuando gobernaba el PP, las palabras eran otras

Para entender la contradicción que atraviesa el debate actual conviene retroceder trece años, hasta el 24 de julio de 2013. Aquel día, el descarrilamiento de un tren Alvia en la curva de Angrois, a las puertas de Santiago de Compostela, acabó con la vida de 79 personas, según el recuento publicado entonces por El País, y dejó más de un centenar de heridos.

Gobernaba Mariano Rajoy. La ministra de Fomento era Ana Pastor. Y el presidente de la Xunta de Galicia era Alberto Núñez Feijóo.

La tragedia provocó una enorme conmoción social y una larga batalla de las víctimas para conseguir que se investigaran todas las circunstancias del accidente y se depuraran las responsabilidades. Sin embargo, la respuesta política no fue precisamente la de abrir inmediatamente todas las vías de investigación parlamentaria.

El 23 de enero de 2014, seis meses después del accidente, Feijóo rechazó expresamente abrir una investigación parlamentaria en Galicia. Lo hizo después de que trascendieran nuevas informaciones sobre las advertencias previas de un maquinista acerca de los problemas de seguridad de la vía.

Sus argumentos merecen recuperarse porque forman parte de la hemeroteca que hoy convendría consultar.

"Hacer un juicio paralelo para intentar condenar la política ferroviaria del partido socialista no me parece razonable en este momento", afirmó el entonces presidente gallego. Y añadió una frase especialmente significativa: "Si cada vez que hay una novedad, hay que intentar llevar al Parlamento para echar el dolor de las víctimas sobre un partido que estuvo diseñando esa vía, conmigo que no cuenten".

La historia de Angrois, además, tiene sus matices: el PSOE, en 2017, solicitó formalmente una investigación parlamentaria. Tres años después del accidente.

Feijóo defendía entonces que la investigación correspondía a los jueces y rechazaba abrir una comisión política para evitar, decía, convertir el dolor de las víctimas en un instrumento de confrontación partidista. Qué diferente parece ser ahora el criterio del PP: donde antes pedía prudencia y contención, hoy encuentra una oportunidad para explotar políticamente una tragedia, señalar al Gobierno y utilizar a las víctimas como munición electoral. La hemeroteca deja al descubierto una doble vara de medir difícil de disimular.

El 28 de septiembre de 2017, el Congreso aprobó finalmente la creación de esa comisión, con el voto contrario del PP.

La secuencia importa. Y también importa recordar que el propio Feijóo había rechazado en 2014 que el Parlamento gallego investigara Angrois, utilizando precisamente el argumento de que no debía trasladarse el dolor de las víctimas a la confrontación entre partidos.

No se trata de afirmar que los dos accidentes sean iguales, ni de utilizar Angrois para exonerar a ningún responsable actual. Se trata de recordar que la prudencia institucional que se reclamaba cuando gobernaba el PP debería seguir siendo válida cuando el PP está en la oposición.

La oposición también tiene una responsabilidad

El viernes, Feijóo afirmó que señalar a una sola persona como responsable del accidente de Urda era "cobarde e inmoral" y reclamó que se depuraran todas las responsabilidades. Una declaración que, tomada aisladamente, apunta a una exigencia razonable: investigar antes de concluir.

Pero esa prudencia contrasta con el tono empleado por dirigentes de su socio político, Vox, y con una dinámica de descalificación personal que el propio PP tampoco ha conseguido mantener al margen de su discurso público.

Hay una cuestión que no debería perderse entre tanto ruido: las víctimas no son patrimonio de ningún partido. Tampoco lo son sus familias, su memoria o su derecho a conocer la verdad. No pertenecen al Gobierno, ni a la oposición, ni a quienes convierten las redes sociales en un tribunal de urgencia.

El ministro debe dar explicaciones. El Gobierno debe facilitar toda la información disponible. La investigación debe llegar hasta el final y, si se acredita alguna responsabilidad, quien corresponda tendrá que asumirla. Eso no está en discusión.

Lo que sí debería estar en discusión es la degradación de las formas, la facilidad con la que se pasa de la crítica a la deshumanización y la idea de que todo vale cuando el objetivo es derribar políticamente al adversario.

El PP ha reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de recuperar la moderación, la convivencia y el respeto institucional. Ha criticado los insultos en política y ha presentado la regeneración de las formas como uno de los compromisos de su proyecto político.

Vox, por su parte, reivindica que viene a romper con las formas de la política tradicional. Pero romper con la política tradicional no puede significar renunciar a cualquier límite.

Hay un viejo refrán castellano que viene al caso: "Consejos vendo y para mí no tengo".

Porque la decencia no puede depender de quién ocupa el Gobierno. El respeto no puede ser una exigencia exclusiva para el adversario. Y el dolor de las víctimas no puede merecer consideración solamente cuando la tragedia golpea a un Ejecutivo del que uno no forma parte.

La democracia necesita una oposición que fiscalice, investigue, denuncie y exija responsabilidades. Pero también necesita una oposición capaz de entender que la contundencia no consiste en insultar más alto, ni la exigencia de justicia en dictar sentencias desde un escenario.

Hay 69 personas fallecidas. Hay familias que necesitan respuestas. Hay una investigación que debe esclarecer qué ocurrió.

Quizá, antes de pronunciar el próximo insulto, algunos deberían recordar que detrás de cada tragedia hay vidas que no pueden utilizarse como munición política. Y que gobernar un país - o aspirar a hacerlo - también exige saber estar a la altura de sus momentos más dolorosos.