La derecha también se juega el poder que no pasa por el Congreso

La batalla electoral del próximo 29 de noviembre tiene un segundo escenario que puede quedar en un discreto segundo plano frente a la siempre protagonista disputa por La Moncloa, pero que será determinante para la configuración del poder político durante la próxima legislatura: el Senado. PP y Vox han decidido coordinar sus candidaturas en la Cámara Alta, mientras que el PSOE ha buscado un acuerdo con las formaciones del Frente Amplio. Estos pactos no nacen de una cuestión meramente táctica, sino que tras ellos hay una disputa por la capacidad de condicionar la actividad legislativa, durante esta legislatura en manos del PP y de su mayoría absoluta, y la participación en determinados nombramientos.

El Senado suele ocupar un lugar secundario durante las campañas de las elecciones generales. La elección del presidente del Gobierno depende del Congreso y es en la Cámara Baja donde se construyen las mayorías que permiten investir o censurar a un Ejecutivo y donde se produce todo el grueso legislativo. Sin embargo, reducir las elecciones a la composición del Congreso supone dejar fuera una parte relevante del funcionamiento institucional. La Cámara Alta dispone de competencias propias y participa en decisiones que afectan al equilibrio de poderes del Estado. La coordinación de las candidaturas entre ambos bloques responde precisamente a esa lectura.

Ambos partidos han entendido que concurrir por separado puede provocar una pérdida de representación en determinadas circunscripciones, donde la fragmentación del voto dificulta obtener escaños. El acuerdo contempla que Vox renuncie a presentar candidaturas propias en varias provincias y circunscripciones, mientras que el PP hace lo propio en Girona, Tarragona y Gipuzkoa. La operación busca concentrar apoyos y evitar que la división electoral beneficie a sus adversarios. En el otro bloque, el PSOE y el Frente Amplio han buscado también una candidatura conjunta al Senado para evitar que la división de sus electorados facilite una mayoría de la derecha. La Cámara Alta se convierte así en una competición entre dos espacios que, pese a sus diferencias internas, consideran que en esta institución la colaboración puede resultar más rentable que la concurrencia separada.

Competencias limitadas, pero igualmente importante

El Senado no puede investir a un presidente ni derribar a un Gobierno mediante una moción de censura. Tampoco tiene la última palabra en la aprobación de las leyes ordinarias. El sistema parlamentario español establece una clara preeminencia del Congreso, que puede levantar los vetos de la Cámara Alta y rechazar sus enmiendas. Pero que las competencias más grandes y mayoritarias recaigan sobre el Congreso no significa que el Senado carezca de capacidad de influencia.

El ejemplo más significativo de la pasada legislatura fue la ley de amnistía. El 14 de mayo de 2024, el Senado, donde el PP tenía mayoría absoluta, aprobó el veto a la proposición de ley con 149 votos a favor y 113 en contra. La decisión obligó al Congreso a volver a pronunciarse, y el 30 de mayo, la Cámara Baja levantó el veto con 177 votos favorables y 172 contrarios. El episodio ilustra la naturaleza del poder senatorial, que no bloquea directamente iniciativa alguna, pero sí retrasa tramitaciones y veta iniciativas.

La Cámara Alta dispone de dos meses para examinar los textos remitidos por el Congreso, plazo que se reduce a veinte días cuando la tramitación es urgente. Puede introducir enmiendas o aprobar un veto, que requiere mayoría absoluta. Sin embargo, el Congreso conserva la última palabra: puede levantar el veto por mayoría absoluta o, transcurridos dos meses, por mayoría simple. Una mayoría de derechas en el Senado no impediría que un eventual Gobierno de izquierdas aprobase sus leyes si conserva los apoyos necesarios en el Congreso, pero sí podría complicar el calendario legislativo, forzar negociaciones y convertir cada iniciativa en una oportunidad para evidenciar las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición.

Poder judicial y renovación constitucional

Hay otro ámbito en el que el reparto de fuerzas cobra todavía más importancia: la renovación de los órganos constitucionales. El Senado propone cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, mientras que el Congreso propone otros cuatro. Los dos restantes corresponden al Gobierno y los otros dos al Consejo General del Poder Judicial. La elección de los candidatos que corresponden al Senado requiere una mayoría de tres quintos. Con 266 senadores, eso supone alcanzar 160 votos.

La Cámara Alta participa también en la elección de diez de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, junto con los diez que corresponden al Congreso. La designación exige igualmente tres quintos. El CGPJ interviene, a su vez, en los nombramientos de la cúpula judicial, incluido el presidente del Tribunal Supremo. El Senado no lo elige directamente, pero sí participa en la composición del órgano que interviene en ese procedimiento.

También interviene en la elección de seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas y en la designación de otros órganos. En RTVE, por ejemplo, le corresponde elegir cuatro de sus diez consejeros, con una mayoría de dos tercios. Estas competencias muestran que el resultado electoral puede proyectarse sobre instituciones que no forman parte directamente del Gobierno. La Cámara Alta tiene, además, una competencia especialmente sensible en materia territorial: el artículo 155 de la Constitución. El Gobierno puede adoptar medidas para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones constitucionales o proteger el interés general, pero necesita la aprobación por mayoría absoluta del Senado. En este supuesto, la Cámara dispone de una capacidad de decisión que no depende de una posterior ratificación del Congreso.

El control del Senado también permite desarrollar una intensa actividad de oposición. Durante la pasada legislatura, el PP utilizó su mayoría absoluta para impulsar distintas comisiones de investigación. Una de las más relevantes fue la dedicada al caso Koldo, cuya creación se aprobó en marzo de 2024. La comisión permitió citar a responsables políticos y abrió un espacio de fiscalización parlamentaria paralelo al del Congreso. El Senado se convirtió, así, en otro escenario desde el que la oposición podía someter al Gobierno a presión política.

El resultado del 29-N puede dejar, por tanto, un escenario institucional más complejo de lo que sugiera el reparto de escaños en el Congreso. Un Gobierno con mayoría en la Cámara Baja podría encontrarse con un Senado controlado por la oposición, como en la última legislatura, obligado a negociar determinadas decisiones y expuesto a una actividad de fiscalización más intensa. Es por ello que tanto PP y Vox como PSOE-Frente Amplio han decidido coordinarse. La batalla por La Moncloa seguirá dependiendo del Congreso, pero la capacidad de influir sobre las leyes, fiscalizar al Ejecutivo y participar en la renovación de las instituciones también se decidirá en las papeletas a la Cámara Alta.