El Gobierno aprobará el martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente de Urda

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes un paquete de ayudas para los afectados por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). Según han informado a EFE fuentes gubernamentales, se prevé que sea el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien dé cuenta del real decreto y de un informe sobre lo sucedido tras en la rueda de prensa posterior a la reunión. 

Una rueda de prensa que protagonizará Puente horas antes de comparecer ante la Diputación Permanente del Congreso para informar también de los datos que dispone sobre el accidente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzaba este pasado jueves, en una declaración institucional en Toledo, que la Administración General del Estado, además de ofrecer respuestas a la emergencia, destinaría ayudas para las víctimas y afectados del accidente. Lo mismo que ha ocurrido en otras catástrofes, dicho paquete quedará recogido en un real decreto.

Al mismo tiempo, según la información avanzada por EFE, Moncloa no descarta llevar al Consejo de Ministros alguna medida orientada a que la ciudadanía recupere la confianza en la alta velocidad ferroviaria española. Tras el accidente de Adamuz, el Gobierno movió ficha nueve días después de la tragedia que segó la vida de 46 personas, con un real decreto que fijaba una indemnización de algo más de 210.000 euros por fallecido como parte de un paquete más amplio con ayudas inmediatas y adelantos a los familiares de las víctimas.

Además, del Consejo de Ministros, Puente comparecerá en el Congreso el mismo martes a petición propia para dar cuenta del accidente de Urda. Lo hará en un contexto de máxima presión para el titular de Transportes y también para el Gobierno, con una ofensiva tanto de la derecha como del socio minoritario de la coalición para reclamar una dimisión que, por el momento, está descartada.

Feijóo apunta a una España en “fallo sistémico”

Este domingo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguraba en una entrevista concedida a La Vanguardia que España está en “fallo sistémico”, denunciando que “la gestión se ha suplido por propaganda” de Moncloa. El líder de la oposición alimenta esa desconfianza de la ciudadanía en el sistema ferroviario, aduciendo que no se trata de un error “puntual”. “Todo funciona peor porque España está sin gestión de mantenimiento”, sentenciaba el dirigente gallego, al tiempo que acusaba al ala socialista de priorizar “intereses personales a los generales”.

Incluso llegó a censurar la actitud de Pedro Sánchez en los mítines, descontextualizando los bailes que han ilustrado algunas crónicas de la precampaña: “Un presidente digno no baila mientras España descarrila”. Feijóo cree que es “imprescindible” que Puente dimita, aunque entiende que sería una medida “insuficiente”. “Quien ha consentido la frivolidad que ha ocasionado esta situación todavía tiene más responsabilidad que él, y ese es Pedro Sánchez”.

A su parecer, el jefe del Ejecutivo “lleva ocho años haciendo nombramientos impropios de la cuarta economía del euro” y ha apostillado que la cartera de Transportes se ha convertido en una “agencia de colocación”, con nombres como los de “Koldo en Renfe o Jéssica en Adif”. “Quien ha consentido que el Ministerio de Transportes se llenase de incompetencia y corrupción es Sánchez. Los ciudadanos lo saben y lo expresarán democráticamente en las urnas”, remataba.

Vox anuncia su personación como acusación popular

También este domingo, el líder de la ultraderecha española, Santiago Abascal, aprovechaba una entrevista en El Mundo para anunciar que su partido se personará como acusación popular en la causa por el accidente ferroviario con el objetivo de que “se conozca toda la verdad”. En este sentido, habituado al lenguaje rudo, cargaba contra la “canallada” del Gobierno de culpar a un trabajador por los fallos técnicos. “Exijo conocer toda la verdad y exijo que esto lo conozcamos en sede judicial”, abundaba el dirigente de extrema derecha. Asimismo, ha reclamado que se protejan las pruebas para no volver a tener “noticias como las de Adamuz”.

Por el momento, la Guardia Civil mantiene blindada la zona en la que se produjo el accidente, donde está prohibido el acceso a cualquier personal no autorizado para “preservar las evidencias, pruebas e indicios”. Sólo las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y el personal judicial con autorización puede personarse en la zona cero de la tragedia.