El expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps volvía a aparecer en escena este miércoles en un acto en Alicante en el que ha vuelto a recordar su proyecto de presentarse a la presidencia de la autonomía en las próximas elecciones. Desde allí, ha mostrado nuevamente su empeño en “dinamizar” el Partido Popular y “reanimar” a la militancia para “volver a ganar por mayoría absoluta” los próximos comicios previstos para 2027.
En el encuentro, quien fuera presidente de la Generalitat entre 2003 y 2011 ha aprovechado para presentar al equipo inicial que lo acompaña en este proyecto y que cuenta ya con cien personas. No obstante, según ha indicado “se irán incorporando más” para impulsar su "reto" de liderar de nuevo la formación 'popular' a nivel autonómico. Además, según ha detallado, lo integran, entre otros, "exconcejales, exparlamentarios, expresidentes, experiencia y juventud".
Sin embargo, al margen de todas las proclamas y promesas que ha lanzado sobre un supuesto liderazgo autonómico, Camps ha querido pronunciarse también por la gestión que se está haciendo desde el Ejecutivo valenciano con la DANA que devastó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Preguntado por si considera “mejorable” la gestión de Mazón de la tragedia, ha guardado silencio y, en cambio, ha desviado todas las responsabilidades al Ejecutivo central de Pedro Sánchez. "La competencia exclusiva y la responsabilidad absoluta" es del Gobierno de España, ha sostenido.
Al hilo de ello, ha proseguido defendiendo que el Ejecutivo central "no estuvo nunca ni está a la altura de las circunstancias" y "desde el minuto uno tendría que haber coordinado la información de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)" y "con un mando único a todas las administraciones". Asimismo, ha destacado que la Generalitat está llevando a cabo tareas de recuperación en la zona afectada por la emergencia: "Todo eso lo está haciendo el gobierno de Carlos Mazón y es una evidencia. El que sigue sin estar es el presidente del Gobierno de España".
El Supremo desestima las querellas contra el Gobierno central
Sin embargo, las palabras de Camps en las que desvía la responsabilidad de la tragedia de forma total al Gobierno central se producen en el mismo día en el que el Tribunal Supremo ha desestimado abrir una causa penal contra Sánchez y hasta seis ministros de su Ejecutivo por las 228 muertes de la DANA. Con esta decisión, los magistrados han desestimado varias denuncias y querellas contra la gestión del Ejecutivo central en esta situación y han recordado que un juzgado de Catarroja está trabajando para esclarecer las responsabilidades de lo ocurrido en la Generalitat Valenciana por la vía penal, tal como ha avanzado elDiario.es. Con ello, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal considera que no hay responsabilidad en el presidente ni en sus ministros sobre lo ocurrido en la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre.
Gran parte de estas querellas y denuncias fueron presentadas por organizaciones vinculadas con la extrema derecha y que ya ejercen como acusación popular en otras causas relacionadas con el Gobierno, como el caso de Begoña Gómez. Algunas de estas son Manos Limpias, Abogados Cristianos o HazteOir, además del propio partido Vox. En estas querellas se acusaba al Gobierno de Pedro Sánchez de cometer delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro o, incluso, homicidio imprudente. Y las acciones judiciales estudiadas por el Alto Tribunal se dirigían, además de contra el jefe del Ejecutivo, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Ángel Víctor Torres y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Algo similar ocurrió en 2020, ante la crisis por la pandemia del coronavirus, cuando se presentaron medio centenar de denuncias y querellas contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria y es algo que ha recordado en este caso el Tribunal Supremo. Así, consideran que ocupar un puesto de responsabilidad no puede significar la imputación automática de un alto cargo o miembro del Ejecutivo.
Sin embargo, el Supremo considera que “en ningún caso” se pueden atribuir responsabilidades penales a un ministro o presidente del Gobierno “por el mero hecho de la posición o cargo” que ostenta, “por muy alto que sea”, como pretenden Vox y el resto de organizaciones ultras que han denunciado al Ejecutivo. Al hilo de esto, la Sala del Supremo argumenta que “la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados”.
