En aquel momento, las condiciones para jubilarse antes de los 65 años eran haber cotizado desde antes de 1967, haber trabajado un mínimo de 25 años en el servicio de salud y un mínimo de dos años en el mismo centro. No obstante, se perdía un porcentaje de la pensión.
Mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de 31 de mayo de 2005, el Gobierno de Jaume Matas se comprometió a complementar la diferencia a aquellos trabajadores sanitarios que se acogiesen a tal posibilidad. “Fue un ERE encubierto”, explica Juan de Dios Torres, portavoz de los afectados, “porque no nos podían despedir y el servicio iba ser privatizado”.
Ahora, de un día para otro, José Ramón Bauzá, actual presidente de las Baleares, ha derogado dicha disposición y 520 familias se han quedado sin unos 700 euros euros al mes.
Torres insiste en que no son ni “prejubilados” ni “privilegiados”, sino personas que hasta hoy habían cobrado la pensión que les correspondería por sus años trabajados. “No sé cómo vamos a hacer frente a los gastos del mes que viene”, concluye.
