La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega a recuperar las 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora-Goldman Sachs, tal y como le ordenó la Justicia a principios de febrero

Los pisos sociales fueron vendidos al fondo social por un precio muy inferior al mercado y han sido objeto de batalla judicial entre los inquilinos, la Comunidad de Madrid y el fondo en los últimos años.

El último recurso presentado por los letrados de la región, el pasado 15 de febrero, implica la orden del Gobierno de Ayuso de renunciar por completo y voluntariamente a recuperar las viviendas sociales.

El juez dio al Gobierno de la Comunidad de Madrid un plazo de diez días para iniciar el tramite para recuperar los pisos vendidos. Además, el fondo debe devolver todo lo comprado en 2013. El fondo no podrá vender pisos a terceros, como lleva realizando ocho años. De hacerlo, la Justicia podría actuar por la vía penal.

Pese a la sentencia, los letrados de la Comunidad de Madrid han continuado con su estrategia para retrasar la ejecución de ésta recurriendo a argumentos como que recuperar los pisos entraña una "enorme complejidad y volumen" al tratarse de unas 3.000 viviendas de protección oficial, el coste de los "trámites registrales", la "dispersión" de registros o el riesgo de "ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados", según recoge infoLibre.

La Comunidad "reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou", pero indica que en el auto "se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran".

El texto presentado por los servicios jurídicos de Ayuso explican que "mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia". Sin embargo, no aclara de qué intereses se trata.

Los letrados indican que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el status quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico". Es por ello que, "de seguidor adelante la reversión de las viviendas", se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible".

Así, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se tendrían que poner en marcha "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible". El primero de los trámites consistiría en "solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de domino y cargas de las plazas de garaje no vinculadas y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales".