Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de la Comunidad de Madrid y firmante de los conocidos como "protocolos de la vergüenza" que dejaron desamparadas a miles de personas en las residencias durante la pandemia, declaró el pasado mes de marzo que se priorizó el hospital de IFEMA antes que atender a los mayores.
La información, publicada por la Cadena Ser, indica que Mur admite ante al juez que fracasó la idea de medicalizar las residencias porque, entre otras cosas, los recursos que había se dirigieron a otros puntos. "La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía", asegura el ex director de coordinación sociosanitaria en ese momento durante su declaración. Además, cita expresamente Ifema, donde se levantó un hospital de campaña en las primeras semanas de la pandemia, en marzo de 2020.
En su declaración judicial también cuenta que tan solo se trasladó a ese hospital de Ifema a 23 ancianos procedentes de dos residencias de Villaviciosa de Odón y Collado Villalba. Todos ellos fueron dados de alta en apenas unos días. Según su testimonio, no se admitió a nadie más porque "no contaban con medios para atender a este tipo de enfermos". "Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principios de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencia saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual", argumenta al respecto.
El que fuera alto cargo del Gobierno de Ayuso defiende la existencia de este tipo de protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe". "Hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento", indicaba sobre por qué no se priorizó a los ancianos y que había que utilizar los recursos para personas con mejor pronóstico. Además, argumenta ante el juez que hay estudios posteriores que acreditan que el traslado a hospitales no salvó vidas. Según el informe al que hace referencia, el 42% de los enfermos de COVID trasladados al hospital fallecieron frente al 46% de los que se quedaron en la residencia, aunque olvida decir que el informe no hace referencia ninguna a las condiciones en las que murieron quienes no pudieron recibir ningún tipo de atención hospitalaria y esperaron su final en la habitación del centro en el que se residía.
También explica que esos protocolos no eran obligatorios sino "recomendaciones", descargando de esta forma la responsabilidad en los médicos que no permitieron el ingreso de los mayores. Explica, además, que esos documentos se redactaron para que los médicos no tuvieran que decidir a qué pacientes priorizaban e intentaban salvar la vida o no.
Además, comenta ante el juez que no hubo consenso entre los geriatras, pero que decidieron seguir adelante con los protocolos propios de la "medicina de catástrofe" ante la cantidad de contagiados que requerían atención hospitalaria y la falta de recursos que se vivió durante la primera ola de la pandemia hace más de tres años.
La responsabilidad a los médicos
Carlos Mur defiende en todo momento que los protocolos respondían a la necesidad de dar información a los geriatras “que estaban preguntando que qué pasaba con las derivaciones, también cuando pedían material o sanitarios”. Mur, que define la situación “como una ola” saca pecho ante el juez sobre la necesidad de establecer esos protocolos “para que no pasara lo que pasó en Italia donde había cuatro enfermos y un respirador. "El protocolo estaba diseñado para evitar eso”, indicaba. Además, el exalto cargo de la Sanidad madrileña recalca con énfasis en que el protocolo “no era de obligado cumplimiento” dejando entrever en que era una cuestión de los médicos la decisión.
Carlos Mur fue cesado por Ayuso en mayo de 2020 después de ocho meses en el cargo de director general de coordinación sociosanitaria. Fue la persona que firmó las órdenes de Sanidad en marzo de ese año que impidieron el traslado de residencias a hospitales de miles de ancianos que terminaron falleciendo en estos geriátricos. Estos protocolos se investigan en varios juzgados de Madrid y han sido avalados por el Tribunal Superior de Justicia y siguen su curso legal desde hace meses.
Mur volverá a declarar junto con el exconsejero de políticas sociales Alberto Reyero en el juzgado de Collado Villalba, que ha abierto una investigación de cara a explorar posibles responsabilidades penales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los protocolos.
