La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho no a reunirse con COGAM y Chrysallis Estatal, dos de las principales asociaciones LGTBI de España después de que se anunciara en marzo la intención de modificar la Ley Trans madrileña.

La respuesta la ha dado el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, que ha argumentado que "por problemas de agenda" no será posible la reunión y han trasladado a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la consideración de la reunión.

Una situación que se produce después de que Ayuso haya anunciado en dos ocasiones que iba a modificar la norma y derogar aquellos aspectos que hablan de la autodeterminación de género en la Comunidad de Madrid. Unos derechos, reconocidos desde el año 2016 sin ningún voto en contra en la Asamblea y que no han sido motivo de problemas hasta ahora.

Es algo absolutamente vergonzoso y de cobardía absoluta. Si quieres derogar unos derechos consagrados en 2016 al menos tienes que tener la valentía de decírselo a la cara", indica la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli.

"Ha dicho varias veces y se ha jactado de que va a derogar parte de la Ley Trans y en especial las cuestiones que afectan a los las y les menores. Chrisallys es la mayor asociación de padres con hijos trans de España. Tiene a más de 2.000 familias.
Han solicitado una reunión a la presidenta porque ha sido la cara visible de la transfobia y se han negado a recibirles. Sin embargo, ha estado dando pábulo a pseudoasociaciones que no se sabe muy bien quiénes son las caras visibles que impulsan el negacionismo a la propia identidad de las personas trans e incluso hablando de terapias de regresión", explica ya que ha sido ella la que ha publicado que Ayuso se niega a reunirse.

"La señora Ayuso no se quiere reunir con nadie que le diga lo que no quiere escuchar. En esta ocasión ha tocado a las asociacioles LGTBI, pero ocurre con cualquiera que no comparte las políticas que realiza. No sé si está muy ocupada por su viaje por Nueva York que hemos pagado todos los madrileños", ironiza el diputado regional del PSOE, Santi Rivero. 

"No se ha querido reunir con asociaciones históricas que organizan el mayor evento de la Comunidad y de la ciudad de Madrid como es el Orgullo. Igual es porque las desprecia. Con entidades de tipo taurino o religiosa que sí comparten su cuerda ideológica no tiene problemas. La consejera anterior tampoco recibió a las entidades LGTBI, la nueva consejera no sabemos qué hará pero estamos para escuchar a la ciudadanía nos guste lo que nos digan o no. La señora Ayuso tiene siempre la palabra sectarismo en la boca. Parece que la sectaria es ella cuando no se quiere sentar con la gente que se quiere sentar con ella", explica poniendo como ejemplo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que sí se ha reunido con entidades LGTB tras cuatro años en el cargo.

"Reunirte con alguien no te compromete a aceptar lo que te proponen. Almeida ha hecho un ejercicio de escucha al runirse con asociaciones. Ya le vale, que lleva cuatro años siendo alcalde. El impacto que el Orgullo deja en la ciudad de Madrid está por encima de quien gobierne el Ayuntamiento y se ha dado cuenta de ello. Aunque no le guste mucho el orgullo se ha sentado con las entidades. Ahora toca que deje apueste por él y facilite las cosas", pide.

Una modificación dos veces anunciada

Antes de que acabe el 2023 la Ley Trans de la Comunidad de Madrid va a ser modificada. Así lo confirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su pleno de investidura argumentando que durante "el primer periodo de sesiones" la norma que se aprobó gracias al Gobierno de Cristina Cifuentes cambiará. Según explicó, esa modificación ya está "redactada" y será aprobada, por tanto, antes de final de año sin interferencias al contar el PP con mayoría absoluta en la Asamblea.

"Ayuso ha hecho varios anuncios. El último fue que iba a haber una consulta pública. Ayuso ha anunciado que tienen la ley escrita. Ya me dirás qué sentido tiene. Se han basado en anunciar de manera reiterada que van a volver a patologizar a las personas trans", argumenta Antonelli.

A pesar de que la norma no ha supuesto ningún problema, al final de la pasada legislatura, prácticamente simultáneamente a la aprobación de la normativa nacional impulsada desde el Ministerio de Igualdad. En ese momento, y a propuesta de Vox, la dirigente popular se comprometió a llevar a cabo una reforma en la autonómica y sortear la ley de Irene Montero, a pesar de que muchas de las cuestiones que se establecen en la autonómica se incluyen en la nacional. No solo eso, Ayuso se comprometía a dotar "de mayor seguridad jurídica" la de la Comunidad de Madrid .

"Ese es un proyecto que se aprobó con la abstención de Cifuentes, pero que ni siquiera era nuestro. Era un compendio de varios partidos y hay cosas que se debían analizar", indicaban desde fuentes populares sin explicar qué se cambiará de la norma y qué conflicto supone en la actualidad más allá de un cambio de postura de Ayuso, que defendía la norma a capa y espada cuando solo era diputada y no ostentaba ningún cargo institucional.

A propuesta de Vox

El cambio de posición de Isabel Díaz Ayuso llegaba gracias a una iniciativa de Vox. A finales de marzo, los de Rocío Monasterio presentaban en la Asamblea una propuesta para eliminar la ley, que fue tomada en consideración gracias al PP. Sin embargo, la legislatura acababa y era imposible seguir con la tramitación a la vez que Ayuso se comprometía a continuar con el proceso en junio. Dicho y hecho. Durante su discurso de investidura anunció que cambiaría la norma, que lleva más de un lustro en vigor y que no ha supuesto ningún problema. 

Ayuso quiere recuperar los informes psicológicos y médicos para que, especialmente los menores, se puedan someter al periodo de hormonación o a las operaciones de cambio de sexo. Un requisito, el de la autodeterminación de género, que se eliminó en Madrid en 2016 y que ha sido también eliminado en la norma que ha aprobado el departamento de Irene Montero este 2023. En ninguno de los dos casos ha habido problemas.

Se trata de una cuestión que en el Gobierno de Ayuso ven como "fundamental" volver a incluir para poder garantizar "la seguridad" de las personas que se someten a este proceso. La ley nacional, que se superpone sobre la autonómica, es tajante en ese aspecto. Sin embargo, en Sol creen que los informes la hacen "más garantista".

No solo se quería quedar ahí Ayuso. La Comunidad de Madrid contaba con que Alberto Núñez Feijóo ganara en las generales del próximo 23 de julio y formara gobierno. Las ganó, pero su fracaso en la investidura ha hecho que el PP no pueda modificar la norma. En precampaña presidente del PP, anunciaba que se iba a eliminar la Ley Trans y el Ministerio de Igualdad, permitiendo que los avances que se han conseguido con la norma quedaran en papel mojado.