La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido contra el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y le ha exigido que cese a las alcaldesas de Móstoles y Alcorcón al estar investigadas. En concreto, la líder regional se refiere a que Noelia Posse y sus siete concejales de la Junta de Gobierno serán procesados después de que la Audiencia Provincial haya ordenado este lunes que reabra el caso ITV para investigar presuntas irregularidades en la condonación de una deuda de 2 millones de euros de la empresa concesionaria en Móstoles por parte del Ayuntamiento en 2020.

En mayo de 2022, el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles consideró que no había pruebas de que se hubiera cometido ningún delito. Además, indicó que la operación había beneficiado a la ciudad y sobreseyó la investigación. Ahora, sin embargo, la Audiencia Provincial decide dar marcha atrás y ha procesado a los ocho miembros del gobierno municipal ordenando la continuación del procedimiento por la vía ordinaria para que las partes puedan exponer en detalle sus argumentos, y que finalmente haya una decisión judicial sobre si puede haber unos posibles indicios de prevaricación.

"Estamos esperando a que el secretario general del PSOE en Madrid se pronuncie, haga algo y cese a la alcaldesa de Móstoles, pero también tenemos un problema con la de Alcorcón… porque ahora es la alcaldesa de Móstoles y siete de sus ediles los que van a ser procesados, pero ya han estado involucrados en otros casos, como, por ejemplo, de enchufes a familiares por lo que también fueron denunciados y, además, sentenciados. Lo mismo ocurre con la alcaldesa de Alcorcón, que está condenada e inhabilitada y ahí sigue al llegué al frente y aquí nadie hace nada", ha denunciado Ayuso durante una visita a un instituto público en Leganés.

En el caso de la edil de Alcorcón, Natalia de Andrés, era condenada en enero a cinco años de inabilitaciónal considerarla responsable, subsidiariamente, de llevar a la insolvencia a la Empresa municipal de gestión inmobiliaria de Alcorcón (Emgiasa) al haber "graves y constantes irregularidades contables reiteradas al menos en tres ejercicios contables".

El PSOE diferencia entre investigar y abrir juicio oral

Por su parte, en el PSOE de Madrid restan importancia a escrito de la Audiencia Provincial y aseguran que, en el caso de Móstoles, procederán a aplicar los estatutos si se abre juicio oral. "Nuestra posición es siempre la misma porque somos coherentes. En el momento en que se abra juicio oral a cualquier miembro del PSOE, militante de base o alto cargo, se producirá la tramitación reglamentaria que procede", comentan fuentes del partido en Madrid. Así, explican que en caso de que se abra juicio oral, se procederá a la "apertura de expediente, suspensión de militancia y recuperación de cualquier candidatura". "Nosotros somos coherentes con lo que nos pedimos a nosotros mismos y lo que exigimos a otros partidos. Por eso no hablamos de la alcaldesa de Collado Villalba, que ayer le imputaron, la alcaldesa de Arroyomolinos, imputada y ascendida a número tres de Ayuso", señalan sin decir nada sobre el caso de Alcorcón.

Además, señalan la "línea roja" en la que consiste la apertura de juicio oral, que hasta ahora no se ha producido con Noelia Posse. "Ayuso tendría que haber retirado la candidatura a la exalcaldesa de Villa Del Prado, Belén Rodríguez, a la que se ha abierto juicio oral y sigue como candidata", denuncian.

Las candidatas del PP de Madrid imputadas que Ayuso no cesa

Lo cierto es que Ayuso no ha cesado a ninguna de las tres candidatas ha sido expedientadas o suspendidas de militancia por el PSOE de Madrid. Este lunes, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, era imputada por su negativa a informar sobre el procedimiento de licitación y adjudicación de la Oficina Municipal Antiocupación. El procedimiento recayó sobre una empresa de desocupaciones extrajudiciales administrada por un empresario investigado por desalojos violentos.

Así, se investiga ahora a la alcaldesa por un presunto delito de impedimento de ejercicio de los derechos cívicos, que, según el Código Penal, puede conllevar la inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años a quien impida el ejercicio de de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.

    Unidas Podemos presentó la querella porque la alcaldesa no daba información sobre la adjudicación del contrato público para la gestión de esta oficina. Se trataba de un contrato menor, por un presupuesto de 15.000 euros por seis meses de servicio, pero los pliegos de contratación del mismo no figuraban en el Portal de Transparencia. 

    El Ayuntamiento no quiso facilitar la información sobre la contratación a pesar de la reiteradas preguntas en pleno, comisión y por escrito que realizó la portavoz de Unidas Podemos por Collado Villalba, Eva Morata. Sin embargo, una investigación de la Asamblea de Vivienda de la localidad y las preguntas de la concejala de Unidas Podemos destaparon que el adjudicatario real del contrato era la empresa Desocupaciones Técnicas S.L administrada por Salvador Palazón Marquina, que también administra Desokupa Expres S.L., otra empresa dedicada a echar a la fuerza a personas que ocupan, sin orden judicial.

    En el caso de Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos y número tres de Ayuso, su imputación llegaba en marzo de 2022 por un supuesto caso de prevaricación administrativa en uno de los contratos investigados en el caso Púnica. 

    En 2014 fue investigada por la Audiencia Nacional por la adjudicación de contratos a la empresa Waiter Music, implicada en la Púnica, cuando ésta era concejala del municipio. Esta empresa recibió 470.175 euros, por contrataciones desde el año 2004. A pesar de encontrar evidencias por prevaricación, el juez responsable no siguió adelante porque la causa había prescrito. 

    No obstante, la investigación detectó contratos firmados desde el 2009 con la empresa Neverland, que se habría beneficiado de esas "presuntas adjudicaciones irregulares". Dado que la causa no estaba relacionada con Púnica, se mandó a los juzgados de Navalcarnero para que continuase con las investigaciones necesarias. Así, habría cobrado 900 euros mensuales por el alquiler de un ático a Neverland, que facturaba 700.000 euros de dinero público para la celebración de eventos y fiestas en la localidad.

    Por último, Belén Rodríguez, era imputada en 2019 por por fraccionar contratos en el Ayuntamiendo de Villa del Prado. El caso comenzó cuando un concejal de Vecinos por Villa del Prado presentó una denuncia ante el Ministerio público acusando a Rodríguez de fraccionar contratos como regidora. Unos contratos que fueron adjudicados reiteradamente a dos empresas sin concurso público entre los años 2014 y 2015, cuando desde el ayuntamiento se pagaron 358.000 euros. Dos años más tarde, esa cantidad ascendía a los 640.000 euros. Será la candidata a la alcaldía de la localidad para el próximo 28 de mayo.

    Ayuso se salta sus estatutos

    La presidenta del PP de Madrid estaría así saltándose los estatutos de su propio partido. Unos estatutos que prevén la expulsión cuando haya auto de apertura de juicio oral, momento “clave” según los dirigentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

    Tal y como publica ElPlural.com, el PP también se salta sus estatutos en Valladolid. Alfonso Centeno Trigos, investigado por el caso Meseta Ski y que espera a declarar tras la apertura de juicio oral, volverá a ser el candidato de Olmedo ante el inmovilismo de los de Feijóo tras haberse iniciado su periplo judicial en octubre. Aparte de seguir siendo el alcalde, repetirá como candidato a la reelección en las elecciones municipales del 28 de mayo con las bendiciones del partido pese a estar acusado de un delito continuado de prevaricación mientras era vicepresidente de la Diputación de Valladolid.

    ElPlural.com se ha puesto en contacto con el equipo de Ayuso, pero no ha obtenido respuesta.