El juicio contra el Fiscal General del Estado o cómo tapar Sol con un dedo

El juicio contra el Fiscal General del Estado es una operación política de la Puerta del Sol contra el sistema democrático. Un juicio sin juicio. Ni más ni menos.

Lo afirmo así de contundente en la que es la primera tribuna de opinión –o más bien de depuración y catarsis– que escribo en toda mi carrera periodística. No es una columna cualquiera, desde luego la ocasión lo merece. No solo porque he vivido en primera persona uno de los procesos judiciales más injustos que recuerdo (y mira que los hay), sino porque este caso supone un ataque directo y flagrante a la democracia, a sus estructuras morales, políticas y judiciales.

Recuerdo cuando, en una de aquellas aulas feas de mi facultad de Periodismo, nos repetían una máxima sencilla pero sagrada: contar la verdad. Ser fieles a la realidad. No mentir, no solo porque sea el primer mandamiento del oficio y un pilar básico de los principios del periodismo, sino porque hacerlo tiene consecuencias: demandas por injurias, vulneraciones del derecho al honor o incluso señalamientos públicos, especialmente ahora en las redes sociales.

Jamás imaginé que acabaría sentada como testigo ante el Tribunal Supremo por contar una noticia ampliamente acreditada como cierta. Una verdad me ha llevado al Supremo. Vamos, ni la mejor de las películas de Almodóvar.

Un relato invertido

Mientras tanto, el protagonista de esta historia —un señor que ha llegado a decir que o se va de España o se suicida— ha estado jugando al despiste además de con la salud mental y con la posibilidad de la fuga (y nadie le ha retirado el pasaporte, por cierto). El mismo que, a través de su abogado, confesó por escrito sendos delitos fiscales en aquel correo de la discordia.

Y, sin embargo, el debate sigue centrado en el origen de ese email, en si fue el máximo representante de la Fiscalía quien lo filtró y en si los periodistas que hemos pasado por la sala del Supremo mentimos o escondemos información.

Basta una vuelta por las redes para verlo. Lo ocurrido ha cambiado el paradigma judicial, político y mediático. Se ha puesto en cuestión la credibilidad del periodismo, la profesionalidad de los periodistas y, lo más grave, la confianza en el sistema democrático. Se ha preferido enfangarlo todo antes que afrontar la verdad.

En esa misma sala del Tribunal Supremo, en la misma butaca en la que me senté este martes, hemos visto a otros nueve periodistas contando lo que vivieron y, muchos de ellos, -entre los que me gustaría incluirme- hemos cerrado la puerta a este caso. Lo hemos hecho con la verdad, de nuevo, y sentenciando que Álvaro García Ortiz no filtró aquel documento. Pero también vimos a un periodista reconvertido en jefe de gabinete acogerse a su pelo blanco para seguir contando mentiras. Lo de siempre.

Aquel marzo de 2024, mientras algunos tratábamos de desmentir las falsedades que circulaban —esas según las cuales Hacienda debía dinero al señor González Amador—, otros insistían, no sin intención, en este relato paralelo, confundiendo a propósito periodismo con opinión, información con propaganda.

Se ha pasado de aquel refrán de que “no se puede tapar el sol con un dedo” a un nuevo manual: “Ponle el dedo delante a ver si deja de ver el sol… y ya que estás, que tampoco vea el cielo”.

Una cortina de humo que desde hace meses pretende ocultar la realidad: que un señor —no cualquiera, sino la pareja de una presidenta autonómica, — cometió (digamos que presuntamente) al menos dos delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad documental. No dicho por mí ni por ningún compañero de profesión, sino por su propio abogado en ese email del 2 de febrero de 2024. El que publiqué en este diario, convirtiéndonos en los primeros que revelamos como tal el documento y no solo su contenido.

Hace solo unos días, en medio de este proceso, se  ha conocido que finalmente González Amador será procesado por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Ahora. En noviembre de 2025. Cuando llevan meses hablando y cuestionando a Álvaro García Ortíz.

Esto demuestra que lo de este juicio ha sido como un truco barato, de mago cutre de feria que te intenta distraer con una mano mientras hace magia con la otra. El del dedo para intentar tapar la realidad: lo que estaba ocurriendo en el seno de la Puerta del Sol. Porque no, ni González Amador ni Isabel Díaz Ayuso son ciudadanos cualquiera, por mucho que quieran pintarlo así.

'Miente, que algo queda'

Te cuento esto porque soy una de las periodistas que, durante las dos semanas del juicio a Álvaro García Ortiz, ha desfilado por la sala del Tribunal Supremo. Es la segunda vez, contando con la fase de instrucción de hace casi un año, el pasado mes de enero.

Cuando me notificaron aquella primera citación como testigo mi reacción fue de risa. Literalmente. Me reí. Pensé: “Menuda estrategia la del novio de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez para tapar sus propias vergüenzas”. Entonces me pareció muy burdo, pero ya sabemos que en este país a algunos les encanta tirar pa'lante con lo más chapucero. Desde entonces, cuando se conoció que iba a haber juicio y especialmente cuando me volvieron a citar, mi análisis ha sido más profundo. De total indignación. No solo por hacerme perder el tiempo, sino por el trasfondo que esconde.

Muchos se preguntarán: “¿Y por qué no dicen quién fue su fuente si están tan seguros de que no ha sido este hombre?”. Pues la respuesta es muy sencilla: eso sentaría un precedente peligroso. Si el periodismo tiene una suerte de cláusula que ampara no revelar quién le facilita las informaciones es precisamente por la preservación de la fuente y de los mecanismos que sostienen  este oficio. Las fuentes son sagradas; la verdad, también.

Mientras se cuente la verdad, nunca deberá primar más el quién que el qué. Se ha intentado desviar el foco señalando al mensajero de este correo en vez de lo que dice el mensaje: que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cometido varios delitos fiscales y, además, lo ha confesado.

¿Qué pasará ahora? Pues lo diré sin rodeos: el Fiscal General será absuelto. De no ser así se estará cometiendo un error gravísimo. Sin embargo, aunque esto sea así, el daño ya está hecho. Habrán temblado ya los cimientos de la confianza a la justicia y a la verdad, esperemos que no hasta derrumbarse. Eso sí, lo que permanecerá seguro para siempre en los anales de la historia de este país es el modus operandi destructivo del Partido Popular, su lema tácito y corrosivo: 'Miente, que algo queda'.