Mientras la justicia no demuestre su culpabilidad, la actuación de anteriores Ejecutivos regionales de Madrid dirigidos por el PP acusados de corrupción en la contratación está sujeta a "la presunción de inocencia".
Esta es la posición de Vox, expresada hoy por su portavoz Rocío Monasterio, tras descubrirse la existencia de casi 200 contratos públicos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, formalizados entre 2009 y 2013, que incluyen una sospechosa cláusula del 1 por ciento para publicidad, investigada por el juez Manuel García-Castellón en la pieza del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
"Veremos qué pasa con esta investigación desde el respeto a la presunción de inocencia", ha dicho Monasterio, que también ha aludido al caso ERE, "una trama de corrupción ya probada”, aunque mucho antes de conocerse la sentencia Vox Andalucía nunca concedió la presunción de inocencia a los políticos andaluces investigados.
Hoy mismo, el portavoz andaluz de Vox, Alejandro Hernández, ha dicho que las últimas denuncias del actual Ejecutivo andaluz ponen de manifiesto que los anteriores Gobiernos socialistas estaban "implicados en irregularidades de mucha gravedad". La presunción de inocencia parece operar solo al norte de Despeñaperros.
Parecida indulgencia que Monasterio ha mostrado el vicepresidente de Cs en el Gobierno de Madrid, Ignacio Aguado. Aunque ha dicho sobre la corrupción del pasado que su partido “no va a pasar ni una” y que está comprometido con la regeneración, la tibieza de sus cautelosas declaraciones contrasta con el tono descarnadamente condenatorio del portavoz andaluz Sergio Romero, que hoy ha dado por hecho que los gobiernos de Susana Díaz “escondieron” documentación comprometedora de los ERE: “Había muchos cajones cerrados con llaves tiradas al fondo de Guadalquivir”.
