¿Cómo fue posible el caso de la carne contaminada que la empresa sevillana Magrudis comercializó durante meses después de disponer del análisis de un laboratorio que certificaba la detección de la bateria que provoca la listeria?

Fue posible porque el muy elogiado autocontrol alimentario ni funciona ni es fiable. Es la tesis que mantiene el profesor titulaa de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro en un documentado artículo publicado en el diario económico Expansión con el título ‘La Mechá. El sistema de autocontrol homologado, otro cuento del liberalismo’. Así resume Hierro lo sucedido:

”Tres muertos, siete abortos y más de dos centenares de contaminados. Ciudadanos consumiendo carne contaminada con listeriosis desde el 28 de diciembre de 2018, que se recogió la primera muestra contaminada, hasta el 15 de agosto de 2019 que se declaró la alerta sanitaria. Una administración responsable, la Junta, que jamás había tratado con la empresa. Una inspección sanitaria, la municipal, que se enteró del brote por la prensa y que no precintó las instalaciones hasta el 31 de agosto. Un laboratorio privado que realizó un análisis en febrero y no comunicó la contaminación al Ayuntamiento. Y un empresario autocontrolado que se enteró de la contaminación en febrero y siguió vendiendo su producto impunemente hasta que le cerraron el chiringuito. Por cierto, todavía no sabemos ni de dónde venía la carne”.

Para el profesor Hierro, autor de libro 'I love the Welfare State', “el mantra liberal cae por su propio peso, el controlado no puede ser jamás el controlador, porque la búsqueda del beneficio pesa más que el bienestar social”.

El artículo recuerda que en 2008, la Unión Europea aprobó el Reglamento 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 2008 por el que se establecían los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, lo cual abría la puerta a una privatización del control alimentario que el Gobierno de Rajoy llevó al extremo con la Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.

El profesor detalla cómo funcionaba el nuevo Reglamento europeo, de matriz inequívocamente “neoliberal”: las empresas se clasificaban en A, B y C, de forma que en la categoría A las inspecciones eran cada 6 meses, en la B cada 12 y en la C, cuando hay un plan de autocontrol homologado, como le ocurría a Magrudis, cada 18 meses.

Consecuencia de ello fue que “las inspecciones prácticamente eliminaron los análisis públicos de muestras y se limitaban a inspeccionar los documentos de los análisis realizados por laboratorios privados homologados. Todo ello, sobre la base –añade Hierro– de que a la empresa le importa más la salud de los consumidores que su propio beneficio y si detecta algún problema hará cualquier cosa, incluida la parálisis de la producción para solventarlo, porque de lo contrario el mercado la expulsará”.

Para el profesor y exdiputado socialista al Congreso por Sevilla, la norma europea “no hacía otra cosa que deteriorar un sistema de inspección sanitaria pública, que había venido funcionando desde hacía centenares de años, en el que las autoridades locales eran las encargadas de inspeccionar que el tratamiento y la manipulación de los alimentos, para impedir daños a la salud de los ciudadanos”.

El artículo concluye con una reflexión muy crítica sobre el “mantra del liberalismo” según el cual “el mercado se autocontrola” solo, algo que es estupendo porque “para los liberales, después de las plagas bíblicas probablemente la regulación pública es el mayor mal que ha asolado a este mundo”.