No habrá “coordinación” entre el Gobierno andaluz y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en relación a las actuaciones que la administración andaluza pueda llevar a cabo en materia “de limitación de libertades” a partir del 9 de mayo, fecha en que vence el estado de alarma decretado hace seis meses por el Congreso de los Diputados.
La idea de coordinar decisiones políticas y judiciales fue planteada el miércoles por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. La respuesta judicial llegó un día después por boca del presidente del TSJA, Lorenzo del Río: queda completamente descartado que puedan celebrarse reuniones previas del TSJA con el Gobierno andaluz para "aconsejar o consensuar" sobre este asunto.
Moreno planteó esa coordinación preventiva con la justicia como una forma de evitar que en Andalucía se repitiera lo ocurrido semanas atrás en el País Vasco, cuando el TSJ de Euskadi tumbó el cierre de bares decretado por el Ejecutivo de Vitoria.
A preguntas de los periodistas durante la presentación de la memoria anual del TSJA, Lorenzo del Río indicó que la reunión planteada por la Junta para el próximo lunes para abordar las medidas que la administración autonómica podría adoptar en un escenario sin estado de alarma para luchar contra la pandemia "no se va a producir", informa Europa Press.
"Por prudencia institucional y por obligación judicial no puedo intervenir en una reunión para consensuar o aconsejar una serie de medidas que luego pueden ser objeto de revisión judicial, estaría mediatizando", ha resumido Lorenzo del Río, que ya ha trasladado su postura al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que lo ha "entendido y lo vio totalmente coherente", ha agregado.
El presidente del TSJA ha expuesto en este contexto que será la Administración autonómica quien, en el marco de sus responsabilidades, adopte las medidas que considere convenientes con el apoyo de sus asesores jurídicos y, una vez que han sido estudiadas en el ámbito ejecutivo y político, la autoridad judicial se "limitará a valorarlas" cuando afecte a derechos fundamentales y si se pide aplicarla, pero "en un control a posteriori no de forma previa".
Lorenzo del Río ha reconocido que cuando decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo se plantea un escenario "muy complicado" cuando las comunidades autónomas pretendan adoptar medidas que afecten de forma intensa a la libertad de reunión y desplazamiento, especialmente si involucran a un número importante e indiscriminado de ciudadanos, a tenor de la actual legislación sanitaria.
