Jornadas "Gobierno Abierto"
Sánchez Maldonado, que ha clausurado las jornadas 'Gobierno Abierto' organizadas por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), ha definido este encuentro como "una muestra más del compromiso firme con la transparencia en la gestión pública y con la corresponsabilidad ciudadana" y ha recordado que la sociedad "está demandando una mejora de la calidad democrática, una mayor implicación política y un mayor control de los representantes".
Recuperar la credibilidad ciudadana
En este sentido, considera "imprescindible" recuperar "la credibilidad de las instituciones y luchar contra la desafección política, permitiendo que la ciudadanía ejerza su derecho a saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuánto cuesta y quién lo está llevando a cabo".
A la vanguardia de las exigencias
La voluntad del Gobierno andaluz, ha destacado, es "situarse a la vanguardia de estas nuevas exigencias", con medidas para aumentar la transparencia y la participación ciudadana y que tienen su máxima expresión en la Ley de Transparencia de Andalucía, "la más exigente de España y equiparable a las más avanzadas del mundo en esta materia".
Cambio de cultura
Así, ha explicado que esta norma, aprobada en el mes de junio por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, "hará efectivo ese necesario cambio de cultura en las relaciones entre Administración y sociedad", convirtiendo a los ciudadanos en auditores de la políticas públicas, "porque tendrán derecho a recibir toda la información de todo aquello que se pague con dinero público".
Afecta a distintas administraciones
Aunque ha sido impulsada por la Junta, esta normativa no se limita al área de gobierno del Ejecutivo andaluz, ha indicado, sino que también implica a los ayuntamientos, las diputaciones, universidades, al Consejo Consultivo, al Consejo Económico y Social, a los adjudicatarios de servicios públicos, a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, a todos aquellos beneficiarios de subvenciones, al Parlamento autonómico, la Cámara de Cuentas de Andalucía y al Defensor del Pueblo.
A raíz de esta nueva ley, ha explicado Sánchez Maldonado, las administraciones públicas tendrán la obligación de contestar a los requerimientos de información en un plazo no superior a los 20 días. Obliga, además, a seguir publicando las declaraciones de actividades, bienes e intereses de altos cargos e incluye la obligación también de informar sobre las agendas institucionales de los gobiernos, "una cuestión reiteradamente demandada por las organizaciones de transparencia y que la ley nacional no contempla".
Otra de las novedades que introduce la norma, ha indicado el consejero, es la obligación a los ayuntamientos de retransmitir en directo los plenos locales por internet, siempre que sea posible, o una vez celebrados.
