Lo dijo antes de la reunión la secretara general socialista y lo reiteró después el portavoz de Hacienda en el Parlamento andaluz, Antonio Ramírez de Arellano: el PSOE de Andalucía acude a la negociación para la elaboración de los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía con “total voluntad de diálogo” porque “queremos ser una opción útil por el bien de los andaluces y andaluzas”.
No parece, en todo caso, que en el Partido Popular crean ni en la buena fe del ofrecimiento socialista ni en la determinación de la ultraderecha para desdecirse de su compromiso de respaldar las cuentas de San Telmo.
"Nuestra voluntad de diálogo está encima de la mesa porque Andalucía no puede estar a expensas de las exigencias de la extrema derecha", había dicho antes Díaz, para la cual "después de lo que vivimos en el Congreso de los Diputados con la moción de censura, donde Casado hizo una enmienda a la totalidad con su intervención a los gobiernos que sostiene la extrema derecha como es el caso de Andalucía, no entendemos cómo hoy el vicepresidente de la Junta afirma estar contrariado al igual que el presidente Moreno Bonilla por ese distanciamiento de la ultraderecha".
Arellano destacó que Andalucía “no se merece estar condicionada la voluntad de la ultraderecha”. “Casado ha dejado en evidencia al presidente andaluz y a su gobierno” y según ha explicado el portavoz socialista “ahora Moreno Bonilla tiene que decidir si sigue ligado a la ultraderecha de Vox o busca el diálogo y el consenso con el PSOE de Andalucía”.
Ramírez de Arellano recordó que la primera reunión para los Presupuestos se remonta al pasado 28 de septiembre, y “solo en las últimas horas hemos tenido acceso a datos” que se habían solicitado.
En este momento, ya solo queda una semana para presentar Presupuestos dentro del plazo legal estipulado y “seguimos a la espera de que nos transmitan los datos que faltan para poder hacer un análisis riguroso de la situación”, lamentaba. Además Arellano recordó que los Presupuestos de 2021 van a poder sostenerse gracias a las aportaciones del Gobierno de España, “si no, tendrían que haber recortado 3.000 millones de euros”.
