¿Qué debe tener prioridad: el cumplimiento de la ley respetando el orden de peticiones de vivienda social o dar respuesta a una familia que ocupa ilegalmente una vivienda pública? La controversia no es nueva. De hecho, provocó en su momento la primera gran crisis en el Gobierno andaluz de coalición entre el PSOE e Izquierda Unida. La polémica regresa de nuevo, ahora entre el PSOE y Participa Sevilla (marca local de Podemos), cuyos votos posibilitaron que el socialista Juan Espadas fuera alcalde de Sevilla tras las municipales de 2015. El grupo de concejales de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense alertaba este jueves del posible desalojo de una familia con menores de Bellavista para el próximo miércoles por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa), pues la empresa les habría dado de plazo hasta ese día para abandonar la vivienda protegida que habitan ilegalmente. Mientras, el portavoz del Gobierno municipal hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), ha subrayado que el grupo Participa Sevilla "ha estado informado de todas las decisiones que se han adoptado" en relación a la vivienda protegida de Bellavista habitada por una familia sin título alguno. "En ningún caso se puede una ocupación ilegal estar por delante de familias con informes de exclusión social", ha afirmado el portavoz. 'VULNERACIÓN DE DERECHOS' Según han informado a Europa Press fuentes de Participa, "la familia que ha permanecido de 'ocupa' durante varios meses tiene aún hasta el miércoles para abandonar la vivienda (protegida), de forma voluntaria. Aunque aún no saben si desalojarán la casa, o por lo contrario permanecerán allí en forma de protesta". Además, Participa ha indicado que Emvisesa "no ha hecho nada para evitar la situación, no les han ofrecido nada, por lo que no ha habido un respeto al derecho a la vivienda digna". Ante esta "vulneración" de los derechos humanos y la "falta de diálogo y mediación municipal", la formación emergente estudia interponer un recurso ante el tribunal de Estrasburgo porque esta empresa municipal incumpliría sus obligaciones jurídicas de garantizar el derecho a la vivienda, según alegan. 'EMVISESA NO DESAHUCIA' Por su parte, el socialista Antonio Muñoz ha pedido responsabilidad a este grupo municipal y que "en vez de intentar sacar rédito de los graves problemas de vivienda de una familia trabaje sinceramente por resolverlos". "En este caso, en concreto, se ha hecho todo lo posible y se han analizado todas las circunstancias para evaluar distintas posibilidades", ha explicado el portavoz del Gobierno municipal, toda vez que Emvisesa habría dado un plazo que acaba el miércoles para que la familia desista de su ocupación ilegal. Al igual que ha sucedido en los casos de 65 familias que han sido realojadas por procedimientos de excepcionalidad debido a su situación social, Muñoz ha detallado que Emvisesa ha dialogado y buscado soluciones para esta familia, pero siempre de acuerdo a los criterios de los profesionales. Muñoz ha recalcado que "Emvisesa ni desahucia ni desaloja a ninguna familia en situación  de exclusión social sin alternativa y cada vivienda recuperada se destina inmediatamente  a una familia con los informes de los servicios sociales".