Habría sido éticamente poco ejemplar y políticamente poco provechoso. Como cabía esperar tras el pronunciamiento del presidente de la Junta y del PP andaluz Juan Manuel Moreno y de la propia Fiscalía, los letrados de la formación conservadora que ejercen la acusación particular en la pieza política de los ERE también han solicitado la suspensión de la entrada en prisión del expresidente autonómico José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por malversación en el caso ERE.
Al igual que hiciera ayer la Fiscalía Anticorrupción, en el escrito elevado este viernes por los letrados del PP al tribunal de la Audiencia de Sevilla que juzgó el caso se propone que Griñán, afectado por un cáncer de próstata, permanezca en libertad "hasta que el forense emita un nuevo informe sobre la evolución de su enfermedad".
La posición que adoptarían los abogados del PP ya fue en cierta medida anticipada por el presidente Moreno esta semana cuando dijo que "personalmente" él no podía "ser partidario" de que Griñán entrara en la cárcel porque "una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente", de forma que "si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión".
La clemencia del presidente no fue, sin embargo, bien acogida por todo el mundo. El diputado por Huelva y exportavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz Mario Jiménez se revolvió en su cuenta de Twitter contra Moreno. Su comentario a la noticia de que el presidente no era partidario de que Griñán entrara en prisión fue este: "Falso. La fatalidad les ha estropeado su estrategia ruin y miserable. Dijo lo mismo antes del 19J y después dio instrucciones con saña de que se pidiera su ingreso inmediato en prisión sin esperar la resolución de los recursos. Basta de maldad y de hipocresía".
La réplica a Jiménez llegaba al día siguiente de boca del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz: "Debe de estar poco acostumbrado en política a que haya humanidad como ayer demostró el presidente de la Junta de Andalucía". Añadió Sanz que el Gobierno andaluz desea que Griñán "se cure cuanto antes, con independencia de la gravedad del caso y de los tribunales" y defendió que Moreno "fue claro y sensible" al respecto. "En política algo de humanidad fortalece la labor de los responsables públicos", presumió el número dos del Ejecutivo autonómico.
Durante el desarrollo de la prolongada instrucción del caso y ya a las puertas de la vista oral, la estrategia procesal del PP, compartida por la Fiscalía, puso especial empeño en que los ex altos cargos socialistas encausados en la pieza política no fueran procesados únicamente por prevaricación, que no conlleva penas de cárcel, sino por malversación, un delito castigado con penas de prisión.
De hecho, al incluirse este delito en la causa principal, los condenados por malversación que ocuparon cargos en la Consejería de empleo no podrán ser juzgados por este mismo delito en las decenas de piezas separadas que quedan por juzgar y en las que, paradójicamente, quienes otorgaron ilegalmente ayudas tasadas y concretas no se sentarán en el banquillo.
Ni Fiscalía ni Partido Popular se preocuparon, en cambio, de reclamar el dinero malversado a los miles de trabajadores que lo estaban percibiendo. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha vuelto a repetir esta semana que el Ejecutivo hará todo cuanto esté en su mano por "recuperar el dinero de los ERE": una proclama en realidad meramente retórica, pues tal recuperación solo sería efectiva reclamando el dinero a los miles de trabajadores que los percibieorn.
Como se sabe, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla había trasladado el pasado lunes a la Fiscalía Anticorrupción y al PP-A el informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal de Sevilla sobre la enfermedad grave sobrevenida alegada por Griñán, en demanda de suspender el plazo de entrada en prisión dictado por dicha instancia judicial para el comienzo del cumplimiento de su pena de seis años y dos días de cárcel por malversación.
Dicho informe forense señala "la no conveniencia de ingreso en centro penitenciario hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica", más al detalle un cáncer de próstata. En concreto, el informe detalla que "se trata de una enfermedad muy grave" ante la cual, "dado el pronóstico emitido existen posibilidades de curación", si bien como todavía no ha avanzado el tratamiento prescrito a Griñán en forma de medicación y radioterapia, el Instituto de Medicina Legal precisa que no es posible determinar aún "cuál será su evolución" sanitaria, en un marco en el que actualmente el tratamiento del cáncer es "eficaz en un alto porcentaje de casos salvo los muy agresivos" o en fase terminal.
