La forense considera que no es conveniente que el expresidente José Antonio Griñán, aquejado de un cáncer de próstata, entre en la cárcel porque las revisiones “son poco compatibles con la dinámica carcelaria”, a lo que se suma “el derrumbe psíquico” que conlleva la enfermedad: ingresar en prisión no ayuda mentalmente a la recuperación.

"Aunque la sanidad penintenciaria puede hacer frente a cualquier demanda médica, lo cierto también es que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia, así como las frecuentes revisiones a las que va a ser sometido, parecen poco compatibles con la dinámica carcelaria, esto es, con la vida en prisión", al menos "hasta tanto se confirme la remisión de su patología oncológica", asevera el informe forense. Aunque la Audiencia de Sevilla esperará a conocer la opinión de las acusaciones, el dictamen forense parece alejar la posibilidad de que Griñán entre en prisión.

El informe admite que, aun tratándose de una “enfermedad muy grave”, existe una “incertidumbre enorme respecto al tratamiento y evolución” en este momento de la misma, pero recalca que la estancia en prisión "no ayuda a afrontar una enfermedad de esta entidad que necesita todos los recursos disponibles que tiene la persona a su alcance en estas circunstancias, esto es, un apoyo familiar y social, necesario e incluso imprescindible en estos casos".

La médico forense se muestra, en todo caso, muy cauta en sus predicciones sobre la evolución de la dolencia del expresidente: “Dado el pronóstico emitido, existen posibilidades de curación, pero como aún no se ha realizado el tratamiento, desconocemos cuál será su evolución tras la toma de la medicación y la radioterapia, de los posibles efectos secundarios e incluso de los efectos adversos del mismo, que llevarían o bien hacia su remisión o bien hacia un pronóstico más desfavorable".

El contenido del informe de la médica del Instituto de Medicina Legal (IML) ha trascendido horas después de que la Audiencia de Sevilla se lo remitiera a la Fiscalía y al Partido Popular. La defensa del expresidente socialista había solicitado la suspensión de su ingreso en prisión alegando que el tratamiento médico que precisa no le puede ser aplicado adecuadamente en la cárcel. La forense, que se entrevistó con Griñán en las dependencias del Instituto de Medicina Legal, parece, pues, coincidir con lo expuesto en la documentación médica aportada por su defensa. 

En todo caso, muy probablemente esta semana se despejará la incógnita. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dado tres días a la Fiscalía Anticorrupción y al PP como acusación popular para que se pronuncien ante el informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre el alcance y la gravedad del cáncer de próstata que padece.

La opinión de ambos será determinante sobre la decisión que adopte finalmente el tribunal que condenó a Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. El Tribunal Supremo confirmó la pena impuesta por la Audiencia de Sevilla, pero por tres votos a dos, ya que dos de las magistradas consideraron, en un enérgico voto particular, muy poco convincentes las pruebas contra el expresidente y otros cuatro encausados que no habían tenido relación con la Consejería de Empleo, epicentro del caso.

Griñán es el único de los condenados a penas elevadas de prisión en el caso de los ERE que permance en libertad después de que a las 23:59 horas del pasado 2 de enero expirase el plazo de diez días habilitado por la Sección Primera para el ingreso voluntario en la cárcel. 

Ya están en ella la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, el también exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Todos ellos fueron condenados a diferentes penas de prisión por malversación en el citado mecanismo o "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos y subvenciones arbitrarias a empresas, junto con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.