El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha asegurado este miércoles que "personalmente no puede ser partidario" de que el exjefe del Ejecutivo andaluz José Antonio Griñán entre en la cárcel para cumplir su condena por malversación en el caso ERE una vez acreditado que padece un cáncer que, según el informe forense solicitado por la Audiencia Provincial de Sevilla, hace no conveniente su ingreso en prisión "hasta que se confirme la remisión de su patología oncológica".

Así se ha pronunciado durante un desayuno informativo de Fórum Europa dos días después de que la Audiencia Provincial de Sevilla diese traslado a la Fiscalía Anticorrupción y al PP el informe forense elaborado por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la enfermedad de Griñán fijando un plazo de "tres días" para que se pronuncien sobre la petición del expresidente andaluz de suspender su entrada en prisión por ser tratado de su cáncer de próstata.

Tras el pronunciamiento del presidente de la Junta y del PP andaluz es poco probable que los letrados del partido, que ejerce la acusación particular, manifiesten lo contrario en el escrito que tienen que presentar esta misma semana al tribunal. 

Tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, los abogados del PP elevaron, como se recordará, un escrito a la Audiencia de Sevilla oponiéndose a las peticiones de suspensión de pena de los condenados a prisión, tanto en lo concerniente a las peticiones de indulto parcial como a los incidentes de nulidad planteados ante la sentencia del alto Tribunal.

"Aquí tenemos dos percepciones distintas. Por un lado la judicial, que es inapelable. Estamos ante el caso de corrupción más grave de la historia de España y donde todavía quedan cien juicios pendientes", ha asegurado el presidente andaluz, que ha recordado que la denominada 'pieza política' de los ERE ha pasado por "16 jueces" y cuenta con "dos sentencias firmes, una de la Audiencia Provincial y la ratificación por parte del Supremo".

La singularidad del 'caso de corrupción más grande de la historia de España' es que ninguno de los condenados se lucró en el reparto durante diez años de los cerca de 700 millones de euros otorgados en ayudas sociolaborales y que la mayor parte del dinero fue a parar a los legítimos bolsillos de más de 6.000 trabajadores de empresas o sectores en crisis. La justicia dictaminó que el dinero había sido malversado, pero no lo reclamó a sus perceptores.   

En opinión de Moreno, en el plano judicial se ha acreditado que "ha habido evidentemente una responsabilidad por parte de anteriores gobiernos que es inapelable e incontestable" y, en consecuencia, "no se deben discutir las decisiones que han tomado de manera clara y contundente nada más y nada menos que 16 jueces".

En el caso concreto de Griñán y los otros cinco condenados a penas de cárcel que nunca estuvieron destinados en la Consejería de Empleo, que otrogaba las ayudas, hubo una fuerte división en el Supremo, ya que para dos de los cinco magistrados la sentencia de cárcel era "un salto en el vacío" sin suficiente fundamento. Sus defensas esperan hacer valer ese voto particular ante el Tribunal Constitucional y ante el Gobierno de la nación, al que han solicitado el indulto.

Moreno ha diferenciado el plano judicial del "ámbito personal" y ha reconocido que tiene "especial sensibilidad" en este caso porque su padre falleció de cáncer con una edad muy parecida a la que ahora tiene Griñán. "Yo personalmente no puedo ser partidario de que el señor Griñán una vez que se ha certificado que tiene cáncer entre en la cárcel. Una persona que está enferma de manera grave tiene que ser tratada convenientemente. Y si el médico forense dice que sólo se puede tratar convenientemente sin entrar en prisión entonces que no entre en prisión", ha zanjado Moreno, que ha señalado que, aunque los avances sanitarios han permitido "cronificar en muchos casos" el cáncer sigue siendo una "enfermedad durísima".