No es la primera vez que una defensa aborda la embarazosa cuestión, pero sí la primera en que una de ellas lo hace en términos tan descarnados: ¿cómo se explica que la juez Mercedes Alaya y la Fiscalía no exigieran la paralización del pago de las ayudas ni hicieran nada para imputar en la causa de los ERE a los más de 6.000 trabajadores que las cobraban y en muchos casos las siguen cobrando?
El abogado José Ávila, que ejerce la defensa del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha cuestionado por qué no paralizaron el pago de las ayudas "quienes podían, la juez instructora Mercedes Alaya y el Ministerio Fiscal, si estaban convencidos de que eran ilegales", por qué no lo hizo --la magistrada-- si era "consciente" de la actuación ilegal de la administración andaluza.
¿Indicios de prevaricación?
Para el letrado, Mercedes Alaya "podría indiciariamente haber incurrido en delitos de prevaricación judicial y en delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución".
Ávila ha recalcado que todo el gasto destinado a las ayudas sociolaborales fue malversado “no habría más remedio que ampliar la imputación (y traer al procedimiento) a esas alrededor de 6.500 personas beneficiarios y reclamarles todas las cantidades por ellas percibidas".
"Desconocemos por qué nunca, previa imputación o declaración de responsabilidad civil, se les ha reclamado las cantidades percibidas a todas y cada una de estas aproximadamente 6.500 personas, pues no serían otra cosa que beneficiarias de los delitos --agraciados de esa malversación, siguiendo esta tesis maximalista de las acusaciones-- y por qué no se adoptaron las medidas de reclamación de dichos caudales hace ya largo tiempo por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla", ha expuesto Ávila a lo largo de sus casi nueve horas de exposición.
La gran paradoja
El razonamiento del letrado ponía el dedo en una llaga que es tal vez la mayor paradoja de la controvertida instrucción: "Si todo el gasto realizado en los ERE respecto de las personas prejubiladas, sin distinción alguna en cuanto a que el dinero público fuera o no 'apropiado o ilícitamente desviado a otros fines' en el periodo investigado, ha de considerarse presuntamente malversado, la no imputación de esas casi 6.500 personas y la no reclamación individualizada de las cantidades percibidas como efectos de los delitos, llevando la propia tesis acusatoria hasta el final, conllevaría que la entonces juez instructora (y en paralelo el Ministerio Fiscal y las acusaciones populares, en su dejadez) podrían indiciariamente haber incurrido en idénticos delitos de los que se acusa a Guerrero --prevaricación y malversación--, prevaricación judicial, así como delitos de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución, al haber permitido o dado continuidad a la malversación de ingentes cantidades de dinero público destinado a esas personas".
Errores e incoherencias
De esta manera se ha pronunciado Ávila en su informe final, cuya exposición dio comienzo ayer martes y ha concluido hoy, y con el que pretende demostrar la inocencia de Guerrero, quien se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación.
A su juicio, la prueba practicada, incluida la pericial, han demostrado "las dudas e incoherencias" de tesis acusatorias, subrayando que "múltiples contradicciones, incoherencias y errores que emanan de la instrucción" de la causa se han arrastrado hasta la vista oral, por ello ha solicitado al tribunal de la Sección Primera, presidido por Juan Antonio Calle Peña, "un pronunciamiento justo despojado de circunstancias externas".
Ávila, que ha rechazado la premisa en la que se basa la tesis de las acusaciones sobre el hecho de que durante una década se instauró un sistema de concesión de ayudas para "apoyar" al Gobierno andaluz y que defraudó importante cantidades de dinero sin control, ha asegurado que con este juicio se ha pretendido sacar "beneficios políticos", usando para ellos medios "para construir un juicio paralelo" con "ánimo político y fin sensacionalista".
La pista del dinero
En un primer momento, ha planteado "por qué no se ha traído a la causa a todos los beneficiarios, no juzgando sólo a los políticos" si se considera el dinero defraudado el importe total de las pólizas de renta colectivas firmadas para el pago de las ayudas.
En este sentido, ha asegurado que la juez y la Fiscalía "podían haber ordenados cortar los pagos de las ayudas o embargar los bienes a los beneficiarios" si consideraban defraudado el dinero concedido. "Si no se ha hecho es porque la instructora no lo consideró así, dejando fuera las ayudas del delito de malversación", ha afirmado, lamentando que la fianza impuesta a Guerrero por Alaya (686 millones de euros) y otras medidas cautelares tuvieron "un fin punitivo y estigmatizador" vinculado al "juicio paralelo".
"Si el dinero está defraudado lo está para todos, políticos y beneficiarios, y si no lo está, para nadie", ha afirmado Ávila, para quien "no existe malversación" y, si existiera, "instructora y Fiscalía hubieran incurrido en un comportamiento caprichoso y arbitrario" al no perseguir el delito en los beneficiarios.
Advertencia de la sala
En este punto, el abogado ha recordado unas recientes palabras de Alaya sobre la renuncia a la acción civil por parte de la Junta en este procedimiento, lo que para la magistrada supone "desleal con el patrimonio público andaluz" y que "la presidenta de la Junta podría haber incurrido en un delito de malversación sino reclamaba ese dinero".
Esto ha provocado que el presidente de la Sala haya cortado al abogado pues el objeto del informe es valorar la prueba y es "irrelevante" las manifestaciones públicas de Alaya para el enjuiciamiento y defensa de Guerrero. Esta reprimenda del tribunal ha sido respondida por Ávila, explicando que su objetivo es exponer "aún padecemos los errores que se arrastran desde la instrucción". "Pero sin calificativos como actuación arbitraria", ha pedido el magistrado Calle Peña.
Y es que precisamente este martes la Sala ha comenzado la sesión pidiendo a las defensas que su desacuerdo con las acusaciones "en modo alguno justifica la crítica personal y ridiculización". "El derecho de defensa se puede ejercer sin críticas desafortunadas", ha añadido.
El PP tampoco pide el dinero
Siguiendo con el fraude del dinero, Ávila ha recordado que la Junta, "el perjudicado civil", en un escrito de 2015 dijo que "el dinero que recibieron los prejubilados estaba bien pagado y por ello no hay malversación". Pero, advierte de que si la Fiscalía reconoce que el dinero tuvo un fin legítimo "la causa se cae en un 95 por ciento", dejando sólo el cinco por ciento referido a los intrusos.
De otro lado, Ávila ha manifestado, con respecto a la acusación del PP-A, que ésta "no ha parado de decir por activa y por pasiva que era un escándalo el dinero defraudado, pero no ha planteado pedir el dinero a los beneficiarios", ya que, según el letrado, el PP-A "sólo buscaba forzar un cambio político en la Junta y no recuperar el dinero".
Las dos OM
En este sentido y aludiendo al decreto de 2013 que sustituye a la Orden Ministerial (OM) de 1995 de ayudas a la prejubilación, y que según esta defensa ampara las ayudas concedidas por la Junta y enjuiciadas en este caso, Ávila ha señalado que dicho decreto fue aprobado por los exministros Fátima Báñez y Cristóbal Montoro. "Puede ser que Zoido, exministro de ese gobierno y querellante en los ERE y Antonio Sanz, querellante y exdelegado del Gobierno en Andalucía, desconocieran la normativa que aprobaba el Gobierno para dar las ayudas", se ha preguntado.
Para Ávila, con el caso ERE se creó en la sociedad "un estado de alarma" porque se habían malversado más de 850 millones, que después "habían desaparecido", algo aceptado por la sociedad "como una idea zombi", pero que ha sido refutada y que debería "estar muerta”.
"El dinero no ha sido defraudado porque lo tienen los trabajadores y la tesorería pública", ha asegurado Ávila, quien posteriormente ha desgranado los "graves errores jurídicos de la instrucción", principalmente el hecho de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) comparara las ayudas de los ERE con la Orden Ministerial de 1994 (ayudas previas a la jubilación ordinaria), un "grave error" asumido por Alaya que "nos obliga a estar en este juicio" y que "ha arrastrado al juez instructor Álvaro Martín, a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, a la Fiscalía y al instructor del Tribunal Supremo", que asumieron "sin reserva" los informes de la IGAE.
Bastaba una simple pregunta
"El objeto litigioso en esta causa es si es aplicable la Orden de 1995 a las ayudas de los ERE y habría bastado con que Alaya preguntara al Ministerio de Trabajo y no a la IGAE, cuyos peritos fueron elegidos a dedo", ha expuesto el abogado.
Por ello, "habría que preguntarse si este caso es un ilícito penal o más bien un problema político con el que el PP-A pretendía acceder a la Junta", rechazando que se tratara de un sistema opaco, pues "cualquier persona podía acceder a las ayudas", pues los conflictos laborales eran conocidos con la lecturas de los periódicos, así como las ayudas de la Junta.
Por último, ha expuesto que la juez María Núñez Bolaños, en uno de sus últimos autos, "basándose en la legalidad" comparte "plenamente" la idea que de las ayudas de los ERE eran sociolaborales en marco de la Orden Ministerial de 1995, conclusión que "habría evitado el 95 por ciento de la causa" de haberse llegado al inicio de la instrucción.
