Ayer en su informe final ante la Sala de la Audiencia de Sevilla que juzga a 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, el abogado del exconsejero Antonio Fernández puso sucesivamente el dedo en varias de las llagas más visibles de la instrucción del caso de los ERE.

Llagas o, como las denominó Alfonso Martínez del Hoyo, “equívocos fundamentales que han lastrado la causa desde el principio” y que habrian quebrantado la buena fe procesal exigible a toda instrucción: "Que la realidad no te estropee un buen proceso", sintetizó el letrado, acomodando para la ocasión el desvergonzado dicho periodístico según el cual nunca debes permitir que la realidad te estropee un buen reportaje.

Pero lo que en la jerga periodística es poco más que un ingenioso y bien traído sarcasmo para evidenciar las malas prácticas profesionales, en el alegato de la defensa de un procesado que se juega la libertad y el honor ante un tribunal de justicia es mucho más: es toda una carga de profundidad.

Arma de corrupción masiva

Para el defensor del extitular de Empleo, el más grave de esos equívocos fue considerar nada menos que delictiva la utilización de una herramienta de presupuestación como las transferencias de financiación (TF). Como se sabe, las TF eran el instrumento para allegar fondos desde la Dirección General de Empleo a los entes instrumentales IFA/IDEA, encargados de hacer efectivo el pago de unas ayudas cuya cuantía y beneficiarios decidía la Dirección General mencionada.

Para la Fiscalía, ese esquema –un departamento daba las ayudas y otro las abonaba– fue ideado y sostenido durante diez años con el fin de eludir la fiscalización previa de las ayudas, posibilitando así su concesión descontrolada y arbitraria. Esa tesis de la acusación fue resumida por Del Hoyo con la frase “se prevaricaba para malversar”, si bien con la particularidad procesal de que la investigación judicial nunca siguió “el rastro del dinero”.

La paradoja de los 6.000

El desinterés manifiesto de la instructora Mercedes Alaya –a quien, cautelosamente, el letrado no citó– en orientar la investigación hacia la recuperación del dinero supuestamente defraudado es otra de esas visibles llagas –“error mayúsculo”, lo llamó Del Hoyo– que afean la piel del caso tanto como desconciertan a quienes intentan entenderlo en toda su extenuante complejidad.

El abogado de Antonio Fernández expuso así la que podría denominarse ‘paradoja de los 6.000’: entre el 85 y el 90 por ciento del dinero destinado a las ayudas fue para los 6.300 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, y que siguen disfrutando de ellas, pero mientras a los acusados se les atribuye malversación y se pide para ellos diferentes penas y embargos, a los beneficiarios efectivos de las ayudas ni se les trae a la causa ni se les reclama la devolución del dinero. Lo que para los procesados sería malversación, para los beneficiarios no sería nada.

Sobre los interventores

Del Hoy siguió desgranando contradicciones y paradojas de la “inacabable instrucción”. Tras recalcar que las ayudas siempre pudieron ser fiscalizadas por los interventores destinados en la Consejería de Empleo, el letrado se preguntó cómo era posible que solo se sentara en el banquillo el ex interventor general, Manuel Gómez, y no muchos otros funcionarios del cuerpo, como los adjuntos a la Intervención General o los delegados por ésta en Empleo.

También se refirió el letrado en su trabajada exposición a otro hecho llamativo al que las distintas defensas han aludido durante el proceso y al que sin duda volverán a aludir en sus alegatos finales: la extravagante tesis de que el Parlamento andaluz “fue engañado” por el Gobierno, cuando en su opinión este ejecutó lo que estipulaba la ley de Presupuestos año tras año.

Conjeturas y verdades

Las contradicciones, equívocos, vacíos y paradojas de la instrucción contrastan, según Del Hoyo, con la determinación política y mediática de airear como “verdad judicial” lo que apenas eran indicios sin confirmar o incluso meras conjeturas. Los imputados y luego procesados ya han sido condenados social y mediáticamente, vino a decir el letrado.

Ejemplificó su reproche recordando cómo, en una pregunta al ministro socialista José Luis Ávalos, el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy llegó con toda naturalidad y desahogo a dar por segura una sentencia condenatoria: “¿Cuándo llegue la sentencia de los ERE se van a poner ustedes una moción de censura a sí mismos?".

'Tuvo que conocer'

Antes de Del Hoyo, expuso su informe de conclusiones el defensor del expresidente Manuel Chaves. Además de abundar en las tesis ya sostenidas por su defendido durante en interrogatorio en la vista oral y ante el juez Barreiro del Tribunal Supremo, Pablo Jiménez de Parga se empleó a fondo en evidenciar la debilidad, cuando no la pura y simple inexistencia, de los indicios incriminatorios en la conducta de su cliente aportados por la Fiscalía. Y es que, en efecto, la acusación sobre Chaves se sostiene en la suposición de que tenía que conocer lo que sucedía y no en que efectivamente lo conociera.

Al expresidente, dijo su letrado, nunca le llegaron las “alarmas que hicieran saltar las luces rojas”. El nombre técnico de tales alarmas es 'informe de actuación', nunca emitido por la Intervención porque tampoco esta advirtió el menoscabo de fondos que, según la acusación, era perfectamente conocido por los encausados.

¿Engañar al Parlamento?

No menos peregrina es para el letrado la tesis de que la aprobación de los anteproyectos de ley de Presupuestos por el Gobierno andaluz era un “acto administrativo”. De ninguna manera: se trataba y se trata de un acto político, y la política como tal no está ni puede estar sometida a la jurisdicción de los tribunales.

También intentó desmontar el ‘pecado original’ con el que habría empezado todo: la modificación presupuestaria aprobada en abril del año 2000 para esquivar los reparos de la Intervención al pago de las ayudas a los trabajadores de la cárnica jiennense Hijos de Andrés Molina. Aquella modificación, dijo Jiménez de Parga, fue aprobada por el Gobierno de Chaves el 18 de abril de 2000, mientras que el informe de fiscalización del interventor tiene fecha de dos meses después: el 19 de junio.