Alarma general en Granada. El cierre total de toda la actividad económica no esencial, que entrará en vigor esta medianoche por orden de la Junta de Andalucía, es percibido como una losa mortal por comerciantes y hosteleros de la provincia, que tiene casi 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa peor que la de Navarra, Aragón o La Rioja, que son las comunidades autónomas en situación más crítica.
En el resto de la comunidad se permite la actividad hasta las seis de la tarde, además de ampliarse el toque de queda desde las diez de la noche a las siete de la mañana.
La duras medidas de la Junta para frenar, en palabras del presidente, “la situación especialmente delicada” de Granada contrastan tanto la tibieza de las que habían venido adoptándose hasta ahora como con los recientes llamamientos del alcalde de la ciudad, Luis Salvador, a acudir a bares y restaurantes.
A la cola
¿Han pecado las autoridades sanitarias andaluzas, con la connivencia del alcalde, de falta de rigor epidemiológico por el miedo a las ruinosas consecuencias económicas? ¿Ha faltado contundencia y determinación en el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno?
El PSOE de Andalucía no tiene dudas al respecto: ayer recriminaba a Moreno que Andalucía haya sido “de las últimas comunidades en tomar decisiones, mientras la pandemia está desbocada en las ocho provincias de la comunidad”.
Algo similar opinaba la portavoz adjunta del grupo parlamentario de Adelante y miembro de Anticapitalistas, Ángela Aguilera, que reclamaba la contratación de más rastreadores y hacer más pruebas PCR, junto a la adopción de "muy duras, pero necesarias si se quiere parar esta pandemia".
Expertos y expertos
El presidente andaluz siempre menciona varias veces en sus comparecencias que todas las medidas que la Junta está adoptando son las recomendadas por su comité de expertos, el denominado Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía.
Sin embargo, el escudo de la ciencia se ha revelado poco resistente para proteger a los políticos, sobre todo a la vista de las profundas discrepancias que se adivinan entre, por una parte, los expertos encuadrados en los comités institucionales que asesoran a los gobiernos y, por otra, aquellos que opinan por libre. Los primeros aconsejan una prudencia que los segundos reprueban.
Expertos como Daniel López Acuña, José Martínez Olmos o Alberto Infante ya se mostraban este fin de semana, en un artículo firmado conjuntamente, muy críticos no específicamente con Andalucía, sino con el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado 4 de noviembre adoptaron una estrategia poco firme.
“Consideramos –escribían– excesiva parsimonia de las autoridades sanitarias para reaccionar ante una situación de suma gravedad y que no parece haber sido ponderada adecuadamente, con excepción de unos pocos gobiernos autonómicos”, entre los que no citaban a Andalucía, pero sí a Asturias, Castilla y León, el País Vasco, Ceuta y Melilla.
¿Una ciudad segura?
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, cuyo partido se mostró particularmente obstruccionista con el Gobierno de España cuando este decretó el primer confinamiento duro, justificaba así las severas medidas adoptadas ayer: “Me duele –decía en su comparecencia de ayer al mediodía– ser portador de noticias duras, duras para toda Andalucía y especialmente para Granada. Pero la situación ahí es especialmente delicada”.
El alcalde Luis Salvador reconocía ayer que "Granada está siendo duramente atacada por el Covid y eso hace que las medidas hayan tenido que ser excepcionalmente duras y dolorosas" y pedía a los ciudadanos “sentido común" para cumplir las medidas restrictivas.
Un sentido común que seguramente le faltó a él mismo hace solo tres semanas cuando, con una tasa de 688,3 casos por cada 100.000 habitantes, el Ayuntamiento lanzaba una campaña institucional en la que animaba a la ciudadanía “al uso responsable de los establecimientos hosteleros”, justo un día antes de que los contagios de Covid-19 obligaran a convocar una reunión de urgencia para adoptar medidas mucho más drásticas que las implementadas hasta entonces.
Era el 15 de octubre. Salvador dijo en la presentación de la campaña de apoyo a la hostelería que "Granada es una ciudad que ha trabajado para ser segura y que es segura". 25 días después resulta evidente que no era así: la tasa de contagios de entonces casi se ha doblado.
