La Santa Sede no ve inconveniente en que el padre Román regrese a sus tareas pastorales y vuelva a ejercer como sacerdote. El Vaticano ha decidido levantar las medidas canónicas cautelares al sacerdote y a otros dos religiosos inicialmente investigados por abusos a un menor.

El considerado cabecilla del grupo conocido como los Romanones fue el único en sentarse en el banquillo, ya que en los demás casos la justicia estimó que los supuestos delitos habían prescrito, una circunstancia bastante habitual en los casos de abusos sexuales ya que las víctimas suelen denunciar los hechos mucho después de haberlos padecido.

El Arzobispado de Granada informó ayer en un comunicado del levantamiento de las medidas que los tres religiosos tenían impuestas desde el pasado 15 de octubre de 2014, tras la decisión de apartarlos del ejercicio pastoral tomada por la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, que abrió entonces una investigación sobre los hechos denunciados por supuestos abusos sexuales a un menor.

Absolución

Todos los ‘romanones’ sospechosos de abusos sexuales, salvo el padre Román, se libraron finalmente de ser enjuiciados. Solo el cabecilla de los abusos sexuales a un menor fue procesado en un juicio que levantó gran expectación y donde fueron llamados a declarar más cuarenta testigos, entre ellos el arzobispo de Granada, Javier Martínez.

La Audiencia de Granada desestimaba en septiembre de 2015 el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la prescripción acordada por el juez instructor, entendiendo que practicar sexo anal o felaciones o exhibirse desnudos en la piscina delante de un menor, integraría un delito de exhibicionismo, declarado prescrito en el auto del juez instructor, “pero no supone la utilización del menor con fines pornográficos, siquiera privados”.

Solicitud de penas

El padre Román M.V.C. quedó absuelto de todos los cargos, aunque se enfrentaba a una petición fiscal de nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual continuado agravado por el resultado de acceso carnal, entre 2004 y 2007.

La acción popular, ejercida por la Asociación Prodeni, le atribuyó al acusado, también sin éxito, un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal y pide 15 años de prisión, mientras que la defensa solicita la libre absolución.