Se mantiene el suspense. A solo 48 horas de que, por tercera vez, se reúna la Mesa del Parlamento de Andalucía es arriesgado cualquier pronóstico sobre lo que votarán en ella los cuatro representantes del PP y Cs sobre la propuesta de expulsión del grupo Adelante de ocho diputados que IU y Podemos consideran tránsfugas.
El suspense se cierne sobre lo que harán PP y Cs porque PSOE y Vox se mostraron desde el principio a favor de la expulsión al entender que los partidos son soberanos para diagnosticar si existe o no transfuguismo en sus filas.
Paradójicamente, el futuro de la coalición de izquierdas está ahora mismo en manos de partidos de la derecha. La parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, cabeza del sector crítico del grupo y líder de Anticapitalistas en Andalucía, ha metido hoy presión diciendo que confía en que la Mesa “no aplique con carácter retroactivo el todavía no ejecutivo pacto antitransfuguismo”.
PP y Cs son dos de los partidos del pacto antitransfuguismo firmado la semana pasada por la mayoría de formaciones con presencia en el Congreso. El acuerdo incluye una adenda en la que los firmantes se comprometen a perseguir "supuestos de deslealtad política que alientan fenómenos de transfuguismo, como usurpación de identidad de coaliciones y agrupaciones electorales".
Inicialmente, Cs se opuso a la expulsión y el PP votó a favor de ella, si bien una semana más tarde cambió de opinión.
La redacción de lo firmado por once partidos estrecha el margen de PP y Cs para salvar a los críticos: "Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".
Rodríguez confía en que la Mesa se atenga al informe de los letrados que, aun no siendo concluyente por el vacío legal del Reglamento de la Cámara para decidir sobre un caso así, proponía rechazar la petición de expulsión tramitada por IU y Podemos. El informe no es vinculante.
“Lo único que esperamos es que se cumpla la ley y se haga caso a los servicios jurídicos del Parlamento”, ha advertido Rodríguez, cuyos planes, en caso de derrota, pasan por pedir la Tribunal Constitucional medidas cautelarísimas que congelen una expulsión que dejaría a los ocho diputados sin apenas visibilidad política ni financiación parlamentaria para poner en marcha su proyecto político.
