Es preciso hacer un ejercicio de fe para esclarecer quién es más culpable del incumplimiento de los objetivos de déficit, si el Gobierno central o las Comunidades Autónomas. El ministro Cristóbal Montoro se apresuraba ayer a culpar a las CCAA, sobre todo a algunas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha certificado que el déficit de España en 2015 ascendió al 5,16% en lugar de al 4,2% del PIB, la cifra que inicialmente se colocaba como objetivo y a la que el Gobierno llevaba meses anunciando que lo alcanzaría sin problemas, a pesar de los avisos en contra de Bruselas. Mientras la administración central cumple su objetivo del 2,9% del PIB y los ayuntamientos obtienen incluso un ligero superávit en sus cuentas, la Seguridad Social –debido a las escuálidas cotizaciones sociales de unos empleos altamente precarios– sitúa su déficit en el 1,26% (cuando el límite lo tenía en el 0,6%) y el las Comunidades Autónomas asciende al 1,66% (el tope estaba en el 0,7%). Andalucía no figura entre las más incumplidoras. Cataluña, Extremadura, Región de Murcia y la Comunidad Valenciana tuvieron un déficit superior al 2,5% del PIB, y de hecho sólo tres comunidades (Canarias, País Vasco y Galicia) cumplieron el objetivo. LA CULPA FUE DE LA HEPATITIS La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha acusado este jueves al Gobierno central de "maquillar" los datos del déficit en su propio beneficio al imputar a las comunidades autónomas todo el gasto de los tratamientos de hepatitis C, que en el caso de Andalucía suponen unos 200 millones de euros y 0,13 puntos de déficit. En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, la consejera andaluza ha explicado que el Ejecutivo imputa a las comunidades el gasto de los tratamientos (1.000 millones de euros) --pese a que luego les concede un préstamo con intereses de devolución para pagarlo-- para "no perjudicarse en sus cifras" y parecer que "son mejores cumplidores". Así, ha afeado que se imputen más gastos a las comunidades autónomas para "echarles la culpa" y "aparentar" que éstas son las "incumplidoras" y ha reprobado la "animadversión hacia la gestión autonómica que está en el ADN del PP". La consejera ha explicado a los periodistas que el dato de déficit enviado por la Junta al Gobierno fue del 0,81 por ciento del PIB, porcentaje que se desviaría muy poco del 0,7 por ciento fijado, pero a ese dato el Ministerio ha sumado 0,13 puntos por la imputación del gasto de los tratamientos de hepatitis C, "pese a que Alonso y Montoro se comprometieron a que los financiaría el Estado" y que "no se iban a imputar a las comunidades autónomas". Además, el Gobierno central añade otro 0,19 correspondiente a los 265 millones de euros de la liquidación de la financiación de 2013, pese a que "Rajoy se comprometió a que no iban a computar para el déficit", ha denunciado la consejera. Así las cosas, esas dos partidas suponen casi 500 millones de euros más de gasto y 0,32 puntos de déficit que hacen que, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio, Andalucía aparezca como haber cerrado 2015 con el 1,13 por ciento de déficit. "ANDALUCÍA CUMPLE DE FORMA MUY RAZONABLE" A la vista de los datos, Montero considera que Andalucía ha cumplido "de forma muy razonable" con el objetivo de déficit en los tres últimos años, cuando ha estado "muy por debajo" de la media de las comunidades autónomas y del Gobierno de España. En esa línea, ha defendido que Andalucia "está demostrando una gestión eficaz y un manejo adecuado de los recursos públicos". "La administración es mucho más eficiente que otras comunidades autónomas o que el propio gobierno de España". La responsable andaluza también ha hecho hincapié en la Junta está "tranquila" con las cifras obtenidas en lo que significan para las finanzas, la recuperación económica o la inversión y ha llamado la atención sobre la contribución de la región a los resultados nacionales. "Los buenos datos de España se deben a Andalucía, por su peso y volumen", ha dicho Montero, que considera que la comunidad está "en el camino correcto" y que "seguirá profundizando en este sentido". No obstante, ha abogado por el establecimiento de una senda "más flexible" de consolidación fiscal, ya que, a su juicio, "en este momento se ponen objetivos difícilmente cumplibles". Así ha defendido que sería "conveniente" que el futuro gobierno sea "capaz" de dar a este tema "la prioridad que merece y empezar en serio una ronda de negociación con Bruselas que permita que las administraciones base no tengan que hacer una consolidación fiscal a costa de recortes en el Estado de Bienestar". EL GOBIERNO ACUSA A LA JUNTA DE MENTIR Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido a la Junta que "no mienta" y "deje de buscar subterfugios e intentar confundir con las reglas acordadas" en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (Cdgae), ya que los gastos derivados del tratamiento de la Hepatitis C "no penalizan ni obligan a esfuerzos adicionales ni medidas especiales" para el cumplimiento del objetivo de déficit público, según lo pactado entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las comunidades autónomas, por lo que el Gobierno andaluz "sabía que se había acordado así". El delegado ha reclamado a la consejera de Hacienda que "corrija los incumplimientos de desviación de déficit, deuda y regla de gasto" en la ejecución presupuestaria de 2016 y "cumpla con las medidas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reguladas por Ley". En este sentido, Sanz ha lamentado "la ausencia continuada de lealtad" del Ejecutivo andaluz, que "tergiversa en público y da las gracias en privado", refiriéndose también al hecho de que Andalucía tuvo en 2013 un saldo negativo de 265,27 millones a favor del Estado lo que supone que "la Junta disfrutó de una sobrefinanciación por parte del Estado que tiene la obligación devolver". LA DEVOLUCIÓN APLAZADA DE 2013 Además, ha recordado que el Gobierno andaluz "no quiso acogerse" a la posibilidad de aplazar a diez años la devolución de la deuda resultante de la liquidación negativa del ejercicio 2013, con cargo a los fondos de liquidez, "tal y como consta que se le ofreció", por lo que "la consejera de Hacienda miente descarada y conscientemente cuando afirma que se le han recortado 265 millones del presupuesto sin previo aviso", ha lamentado. "La Junta pudo pedir la devolución aplazada, como hicieron Aragón y la Rioja, pero prefirió recibir el dinero íntegro de las transferencias en lugar de reservar una parte para el primer pago aplazado de la liquidación, a pesar de que conocía que era negativa, e incluso a priori se pensaba que la deuda sería mayor", ha subrayado. El delegado también ha manifestado que la Junta sabía que si no reingresaba el saldo negativo podría incumplir el objetivo de déficit de 2015, tal y como ha sucedido, al situarlo en el 1,13 por ciento del PIB, ya que la cantidad adeudada computaría como gasto, según los parámetros de* cálculo establecidos, "que son los mismos para todas las comunidades, por lo que la Junta no puede sentirse agraviada".