El presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno Bonilla, es uno de los protagonistas de la Mesa de la Sequía como lo es la lluvia, que no está, pero todo el mundo habla de ella. El Parque Natural de Doñana es el campo de batalla entre el Ejecutivo nacional y el PP, con Moreno como ariete. El popular, de visita en Madrid, denunciaba en Onda Cero “bulos e insultos inadmisibles” y plantea que Doñana contaría con inversiones estatales si en lugar de ser andaluza fuera catalana.
Desde Sevilla, el gobierno andaluz define al PSOE como una “fábrica de bulos” que adopta la estrategia del “a Andalucía ni agua”. El discurso popular deja de lado la controvertida Proposición de Ley (PL) para legalizar regadíos ilegales en el ámbito de Doñana para hablar de una “guerra entre la verdad y la mentira” a nivel nacional.
El PP andaluz carga de emocionalidad identitaria el debate. Además de la mención a Cataluña, asegura que el gobierno “toma como rehenes a los agricultores”, en referencia al trasvase Tajo–Segura. “A Sánchez le interesa que el agua se quede en una comunidad presidida por su partido. Políticamente le interesa, si de camino castiga a Andalucía” asegura el portavoz del PP andaluz, Toni Martín.
Por su parte, desde las filas socialistas en Andalucía aterrizan el debate a Doñana y al rechazo que tiene la PL desde Unesco, Unión Europea, Estación Biológica de Doñana, Consejo de Participación, parte de los agricultores, movimientos ecologistas, universidades, Defensor del Pueblo y hasta de la letrada del Parlamento. “Moreno Bonilla no ha calculado bien, actúa cegado” por la confrontación con el gobierno, dice la portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Ferriz. “¿Todos estamos equivocados menos él?”, cuestiona Ferriz, que señala la “huida hacia adelante" de Moreno con una Ley sinsentido que “perjudica a todos”.
La defensa de los agricultores es la única causa común que defienden populares y socialistas, aunque, sobre el terreno, no hay una postura unitaria de las entidades de representación agraria.
Hora de poner los millones sobre la mesa
La otra cuestión presente en el debate es la ejecución de las infraestructuras hídricas. El martes, Moreno Bonilla convocó a un comité de expertos sobre la sequía para anunciar el inminente tercer decreto contra la falta de agua dotado de 162 millones de euros, la mayoría para infraestructuras.
Por cierto, también el martes, el presidente andaluz convocó por primera vez al grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía, entidad que se creó en septiembre, pero que, hasta ahora, estaba inédita en sus funciones.
La Junta afirma que ha movilizado un total de 300 millones en obras hídricas y ayudas y acusa al Estado de no arrimar el hombre, habiendo destinado el Gobierno central al agua de Andalucía diez millones, según el líder de la Junta de Andalucía.
Consultado por estos datos, desde el Ministerio de Agricultura ofrecen datos que tumban el relato popular con más de 1.055 millones de euros ejecutados y en ejecución desde 2018. Entre ellos, desatacan ayudas a agricultores e inversiones hídricas en desaladoras, así como un específico “Marco de Actuaciones para Doñana”, que prevé ejecutar 118 millones de euros este mismo año.
Desde el PSOE andaluz atizan a Moreno Bonilla, “¿de qué sirve exigir más fondos y anunciar nuevos decretos si no eres capaz de gastar ni ejecutar?”, dice Ferriz, en alusión a la ejecución de los presupuestos andaluces en materia hídrica, con un 60% sin ejecutar o un 0,14% ejecutado de los Fondos Europeos para la Preservación de Espacios Litorales y recursos Hídricos.
Cuestión de perspectiva
Del “a Andalucía ni agua” del PP, al “no hay agua, pero Moreno Bonilla está con el agua al cuello” hay una distancia insalvable. Los representantes de las agrupaciones no ofrecen atisbo de entendimiento y no hay previsión de reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y Andalucía.
Mientras la batalla se encona, los embalses andaluces están en una media del 27,58% de su capacidad, 7 puntos menos que hace un año. Algunas regiones habitan ya la tragedia y son dependientes de abastecimiento por camiones cisterna, como el norte de Córdoba.
“Los listados de infraestructuras –que exige la Junta de Andalucía– ignora los auténticos problemas: la sobreexplotación de los recursos y la presencia de los impactos del cambio climático”, expone desde la Mesa Social del Agua (MSA), que reúne a los principales sindicatos agrarios, ambientalistas y académicos.
Para la MSA, la crisis de Doñana está relacionada por el “desequilibrio permanente entre las demandas y los recursos disponibles” que se ponen de relieve cuando la lluvia no llega. Ante la llegada de ayudas millonarias desde las Administraciones, los expertos proponen establecer prioridades que, primero, aseguren el cauce natural de los ríos, pero también el abastecimiento para localidades de menos de 20.000 habitantes que no están conectadas a las redes de abastecimiento.
Sin embargo, esta mirada alternativa queda alejada del estruendo electoral provocado por la Proposición de Ley de PP y Vox en Andalucía. El catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la MSA, Leandro del Moral, plantea los motivos del PP para desmontar la planificación hídrica que se había acordado diez años atrás entre gobiernos del PSOE en Andalucía y del PP en España, que no son otros que la disputa con Vox de un mismo espacio electoral .
La “defensa del regadío” supone una potente “dimensión simbólica, más allá de su peso socio-económico”. Doñana continúa sumergiéndose en un debate de corte trumpista, pero, al mismo tiempo, un debate existencial para nuestra mayor joya ambiental.
