El Partido Popular ha encontrado en los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar la actual tipificación de los delitos de sedición y malversación un filón del que está convencido de obtener grandes réditos electorales. 

La estrategia diseñada por Génova para desgastar al Gobierno de coalición ha sido secundada por el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, cuyo partido ha presentado en el Parlamento regional una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno autonómico que, a su vez, plantee al Ejecutivo central la retirada de la Proposición de Ley para la derogación del delito de sedición y su sustitución, como en otros países europeos, por el de desórdenes públicos agravados y para la reforma del de malversación.

La desconfianza que los planes de la Moncloa suscitan en dirigentes socialistas con mando en plaza como Emiliano García Page en Castilla-La Mancha o Javier Lambán en Aragón son un acicate para los populares, persuadidos de que, espoleados por esta bandera, un número significativo de votantes socialistas pueden abandonar a Sánchez en favor de Alberto Núñez Feijóo.

Es poco probable, en todo caso, que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos siga adelante con su idea inicial de modificar el delito de malversación, de cuya reforma podrían ser beneficiarios tanto los soberanistas catalanes del 'procés' como los politicos andaluces condenados en el caso de los ERE. 

En seis meses habrá unas elecciones municipales y autonómicas –en todos los territorios salvo Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y Castilla y León– que serán la primera gran prueba de fuego para el liderazgo de Feijóo. Un resultado mediocre recortaría drásticamente las opciones de diputarle a Sánchez la Presidencia del Gobierno en las legislativas inicialmente previstas para finales de 2023.

Moreno, por su parte, se juega mucho menos que su amigo Feijóo, además de que sus cartas son más favorables. La contundente mayoría absoluta lograda en las autonómicas del 19 de junio, en las que arrebató decenas de miles de votos al PSOE, son un buen augurio para el inquilino de San Telmo, que asestaría el golpe de gracia a sus adversarios si el PP fuera capaz de arrebatarles un puñado de grandes capitales y diputaciones. 

La PNL de los populares andaluces será debatida esta semana en el Pleno del Parlamento. Aunque la iniciativa no modificará los planes del Gobierno de España, su tramitación parlamentaria tendrá un impacto mediático nada despreciable y pondrá en apuros a los socialistas andaluces, muy conscientes a su vez de que cualquier decisión de Sánchez que favorezca a los independentistas catalanes condenados por sedición o malversación es vista con antipatía por un buen número de sus votantes. 

La PNL del PP exige "retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ningún cambio que suponga la derogación o modificación del delito de sedición tal y como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas que lleva aparejadas en sus diferentes formas de participación". Sobre el delito de malversación reclama continúe "como viene tipificado en el vigente Código Penal y las penas que lleva aparejadas".

“Los representantes políticos del Parlamento de Andalucía deben pronunciarse si apoyan la eliminación o reforma del delito de sedición",  reza la PNL, que considera que una exigencia que derogar la sedición “debilita el pacto constitucional de 1978".

La iniciativa parlamentaria insta ”a cumplir, acatar y respetar la Constitución española", una preocupación que contrasta con el escaso celo constitucional mostrado por los populares andaluces ante el reiterado incumplimiento de la carta magna por la dirección nacional de su partido en la obligada renovación del Poder Judicial.

“Ni Pedro Sánchez es digno de la tradición democrática del PSOE ni el PSOE puede callar ante este episodio sin ser cómplice expreso de esta barbaridad política", señaló la iniciativa, según la cual "el silencio de sus dirigentes y barones es una traición a los valores que un día decidieron representar y a los electores que votaron por ellos".

En todo caso, aunque hay un consenso jurídico bastante generalizado sobre la necesidad de modificiar o derogar el obsoleto tipo penal de la sedición tal como fue redactado en el siglo XIX, el Gobierno central no puede ocultar que su iniciativa es una exigencia del ERC, cuyos votos le son impresdindibles en el Congreso.

Por lo demás, se lleve finalmente a cabo o no, la derogación de la sedición no responde a la pregunta de fondo suscitada por el 'procés': ¿cómo tipificar en el Código Penal los intentos pacíficos pero ilegales de derogación del orden constitucional que pueden poner en riesgo la convivencia pero que son promovidos desde instituciones legitimadas precisamente por ese mismo orden que intentan impugnar?