El Gobierno de Andalucía dio ayer una vuelta más de tuerca a su discurso contra el Gobierno de España por el trato supuestamente discriminatorio que estaría dando a la Comunidad solo porque quienes la gobiernan ya no son socialistas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno –que pasará a celebrarse los lunes para no coincidir con el Consejo de Ministros, que ha pasado a los martes–, el portavoz Elías Bendodo centró sus ataques no tanto en el Gobierno de Pedro Sánchez como en su ministra de Hacienda, María Jesús Montoro, cuyo nombre, con más precipitación que certeza, se viene manejando desde hace meses como virtual sustituta de Susana Díaz como candidata socialista a presidir la Junta.

A los tribunales

El portavoz acusó a la ministra de “cachondearse" de los andaluces al pretender "quedarse con 537 millones de euros" de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno de Mariano Rajoy no liquidó a Andalucía, como tampoco lo ha hecho –ni a Andalucía ni al resto de Comunidades– el Gobierno de Pedro Sánchez.

“La señora Montero ha llegado a decir que esos 537 millones no existen y han desaparecido”, clamó Bendodo, al tiempo que anunciaba que la Junta llevaría al Gobierno de España a los tribunales para reclamarle dicha cantidad.

La ministra, por su parte, viene argumentando que la devolución del IVA a las CCAA estaba incluida en los Presupuestos Generales del Estado que en 2019 fueron devueltos por el Congreso con los votos, entre otras formaciones, del Partido Popular.

Ni a Andalucía ni a la mayoría de gobiernos autonómicos les convence el argumento de Montero: como diría el guiñol de Manuel Chaves, popularizado por Canal+ en los 90, quieren su ‘minolles’ y los quieren ya.

La herida del FLA

El ruido verbal del portavoz y consejero de la Presidencia coincidía con la decisión de la Junta, insoslayable por razones contables pero muy dolorosa políticamente, de solicitar al Gobierno de España 5.317 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la herramienta ideada en su día por el ministro Cristóbal Montoro para resolver las fortísimas tensiones de tesorería que padecían las CCAA al no poder acceder a los mercados financieros debido a su mala situación fiscal.

El Gobierno andaluz sostiene, y así lo argumentó ayer el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que la Junta se ha visto forzada a acudir al FLA por razones políticas, no porque el estado de sus cuentas así lo requiriera.

Acogerse al paraguas público del FLA para garantizarse la liquidez tiene para el Ejecutivo de Juanma Moreno un cierto sesgo humillante, por cuanto le desbarata el triunfalismo económico que viene desplegando tenazmente desde el inicio mismo de su mandato, del que acaba de cumplirse un año.

Lo que dicen los otros

Lo cierto es que el Ejecutivo socialista anterior sobrepasó en 2018 el límite de déficit asignado y que sus sucesores también lo han superado en 2019, si bien el Gobierno actual culpa al central de su incumplimiento por no haberles pagado este año los 537 millones del IVA de 2017.

En todo caso, la versión del consejero Bravo no coincide con la de su antecesor socialista, Antonio Ramírez de Arellano, para quien “la Junta ha incumplido el objetivo de déficit en 2019 (aunque ocultan la cantidad). Si hubiera cumplido, –añade el exconsejero– hubiera podido salir a los mercados de inmediato, compatibilizándolo con el FLA, con independencia del resultado de 2018”.

Frente al discurso de Bravo más técnico pero no menos severo con el Gobierno central, el discurso de Bendodo parecía recuperar un vocabulario bien conocido por los andaluces porque en su día fue profusamente utilizado por los Gobierno autonómicos socialistas cuando en España gobernaba el PP, aunque no cuando lo hacía el PSOE.

Castigo, maltrato, agravio, injusticia, cachondeo: fueron algunos de los gruesos términos utilizados por Bendodo para describir la relación de la Junta con el Gobierno de Sánchez. Son palabras que se escucharán muchas veces en futuras ruedas de prensa.