La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento para una eventual suspensión de la concesión de la mina de Aznalcóllar, un proceso que investiga una juez de Sevilla, que en un auto dijo que la Administración actuó sin "el más mínimo rigor" y pese a que fue donde se produjo el vertido tóxico en 1998. La resolución de la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se emitió el pasado 22 de mayo, ocho días después de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, dijera que se había paralizado el procedimiento de concesión.
Plazos
La Junta ha iniciado "un procedimiento administrativo para establecer una condición cautelar suspensiva en los efectos de aceptación de la adjudicación" para que "no empiecen a correr los plazos, derechos y obligaciones que para la Administración y concesionarios se derivarían".
Entregado en el Juzgado
La resolución ha sido entregada en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla, cuya titular, Patricia Fernández, se encargó de la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso, resuelto por la Junta de Andalucía el 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel).
Correcta actuación basada en informes
El entonces consejero en funciones de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, José Sánchez Maldonado, dijo el 20 de mayo pasado que se procedió “de una manera inmaculada” y defendió la correcta actuación, apoyándose en la existencia de sendos informes “del gabinete jurídico y de Intervención, que así lo atestiguan”. Añadió que “se está terminando un informe técnico que pone de manifiesto que se ha actuado con la máxima corrección y respetando el pliego de condiciones que se aprobó en su momento”.
