La juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha archivado, a petición de la Fiscalía, la causa abierta el 6 de febrero de 2015 por Mercedes Alaya contra 12 imputados --uno ya fallecido-- por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. La instructora pone de manifiesto que, en todos los  supuestos solicitados por el Ministerio Público, las ayudas "han sido abonadas con más de diez años de antelación a la fecha del auto de 6 de febrero de 2015", cuando la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a estos 12 empresarios de la Sierra Norte de Sevilla. En un auto, fechado el 15 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita además a declarar como investigadas los días 24 y 26 de mayo a seis personas por distintas ayudas al despacho Estudios Jurídicos Villasís y a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE). La juez ha archivado la causa contra estas 12 personas atendiendo así la petición de archivo realizada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2015 y los razonamientos expuestos por la Audiencia Provincial de Sevilla en el auto de 9 de marzo de 2016 donde declaró prescritos los delitos de malversación y prevaricación que Alaya imputó a dos beneficiarios de sendas ayudas a entidades de la Sierra Norte. Se trata de los primeros archivos por prescripción que se decretan en el caso ERE, cuya instrucción comenzó la juez Alaya en enero de 2011 y que acumula cerca de 300 personas investigadas, entre ellas los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que prestaron declaración este miércoles ante el juez Álvaro Martín. La juez dice que la petición de la Fiscalía "debe ser estimada", atendiendo a los razonamientos expuestos por la Sección Séptima en su auto, puesto que, "al igual que en los supuestos analizados por la Audiencia Provincial, en el resto de los casos cuya prescripción solicita el Ministerio Público no existen otras resoluciones, previas a la del auto de 6 de febrero de 2015, que reúnan la condición de 'actos de interposición o de dirección judicial contra esa persona determinada o determinable, de los que pudiera deducirse la voluntad judicial de no renunciar a la persecución y castigo del ilícito". Según expone la magistrada en este auto consultado por Europa Press, "no es sino con el auto de 6 de febrero de 2015 cuando se colma la exigencia del artículo 132 del Código Penal respecto de las personas para las cuales pide el Ministerio Público la declaración de prescripción de los delitos de prevaricación y malversación". La juez explica que, en todos los supuestos solicitados por la Fiscalía, "se trata de ayudas en cuantía inferiores a 450.000 euros", en las cuales "podemos considerar no resulta de aplicación el subtipo agravado acogiendo el criterio meramente objetivo sostenido por el Ministerio Público y estableciendo como límite la cuantía para la cual la normativa reguladora de la agencia IDEA, antes IFA, exigía pasar por la ratificación/aprobación del Consejo Rector, signo evidente de que la Administración pública concedente las consideraba de especial relevancia por su cuantía". IMPUTADOS POR ALAYA Por todo lo anterior, la juez declara prescritos los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y archiva la causa contra Luis García García por su participación en la ayuda concedida a S.C.A. Virgen de Belén (almazara de aceite situada en Las Navas de la Concepción) y contra Juan Manuel Prieto Guerra por su intervención como presidente de la Asociación Sierra Norte para la Atención del Disminuido Psíquico (Asnadis) en la tramitación y cobro de una subvención de la Consejería de Empleo por importe de 180.303,63 euros. Hay que destacar que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ya estimó en su auto de 9 de marzo los recursos presentados contra su imputación por ambos encausados y declaró prescritos los delitos que Alaya les imputó. La juez Núñez también declara prescritos los delitos y archiva la causa contra Antonio Diana Expósito en relación a la ayuda de 60.000 euros pagada el 30 de julio de 2004; Antonio Florencio Suárez, respecto de su participación en la obtención de la ayuda concedida a la empresa Coflosur por importe de 60.000 euros pagada el 18 de enero de 2005, y José Gómez Muñoz, vecino de El Pedroso que recibió una ayuda de 90.151,81 euros el 2 de julio de 2003. También considera prescritos los delitos cometidos por Eustaquio Reina --ya fallecido-- y José Reina Espínola respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Eustaquio Reina por importe de 300.000 euros pagada el 18 de enero de 2005, y por José Bermúdez Ávila y María del Rosario Rodríguez Baranquero, respecto de su participación en la obtención de la ayuda por la empresa Gestión Turística del Sur por importe de 390.657,87 euros pagada el 18 de enero de 2005. LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS, RESPONSABLES CIVILES Asimismo, la juez archiva la causa contra Miguel Ángel Sáenz Fernández, respecto de su participación en la obtención de una ayuda a El Olivar de los Infantes por importe de 150.252 euros, pagada el 9 de marzo de 2003; contra Joaquín Llano Heredia, por su participación en la ayuda a su empresa Refractarios y derivados pagada el 5 de diciembre de 2001 por importe de 150.253,03 euros, y contra Beatriz Pérez Martín por su participación en la ayuda concedida a su empresa Producciones Barataria, cuyo último pago fue el 7 de julio de 2004 y ascendió a 210.354,24 euros. La juez, en el auto, archiva la causa contra estos 12 imputados al mismo tiempo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Código Penal, acuerda traer al proceso como responsables civiles directos en su condición de partícipes a las empresas beneficiarias de las ayudas y a Antonio Diana Expósito y José Gómez Muñoz. Además, cita a declarar como testigos a nueve de estos empresarios los días 5, 10, 12, 17 y 24 de mayo. De igual modo, la magistrada cita como investigadas los días 24 y 26 de mayo a un total de seis personas, entre ellas al alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Sotero M. Martín Barrero (PSOE), por su presunta participación en la obtención de ayudas para las empresas Cortansa, corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimientos de Cazalla de la Sierra y Enoword, mismo actividad que atribuye a Rogelio Becerra y a Fernando Pedro Moreira. La juez también cita como investigadas a Laura de la Cruz López y Beatriz Ponce de la Cruz por su participación en la obtención de ayudas a la empresa Venero de Móstoles por importe de 430.000 y 139.500 euros, cuyo último pago fue el 2 de noviembre de 2004, y a Verónica Galloso Villalba como receptora de pagos por importe de 60.000 euros "hechos a modo de ayuda directa" a empresa en fecha 12 de diciembre de 2006 y 23 de enero de 2007 por Estudios Jurídicos Villasís.