La ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto ha declarado este jueves como imputada por un presunto delito de prevaricación ante la juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, y ha defendido que la Junta actuó con “legalidad” y fue “especialmente exquisita” en este caso. Según fuentes próximas al procedimiento, Asensio ha querido exponer las cifras de los proyectos de las empresas competidoras. Desde que se hizo pública la identidad de la empresa adjudicataria, se ha venido atribuyendo al proyecto de Emerita una cuantía inversora superior que la justificada por su contendiente, Minorbis. Para aclarar este punto, Asensio ha puesto de manifiesto que Emerita ha querido computar como gastos de inversión lo que eran fundamentalmente gastos de operación de la mina. UNA INVERSIÓN DE 317 MILLONES, NO DE 640 Según la versión judicial de la ex directora general de Minas, si se tiene en cuenta la cifra de inversión para poner en marcha la mina de Aznalcóllar, las ofertas de la empresa ganadora y de la canadiense Emerita son similares. Concretamente, el presupuesto de Emerita asciende a 317 millones, mientras que el de Minorbis es de 304, ha dicho Asensio en su declaración, según la cual Emerita habría sumado al coste de inversión los costes posteriores cuando la mina ya estuviera en actividad, elevándolo de esa forma hasta 640 millones. Igualmente, Asensio también ha desmentido “cualquier clase de presunto trato de favor a Minorbis”. Esta fue, según las mismas fuentes, su explicación a la jueza: la Mesa actuó siempre favoreciendo la concurrencia de los licitadores; de hecho, cuando presentó su anteproyecto, Emerita estimó su inversión en 235 millones, pero de ellos sólo 21,5 millones habrían correspondido específicamente a actuaciones mineras, utilizando esa cifra porque el volumen de negocio del banco de inversión canadiense Forbes & Manhattan que avalaba su oferta tan sólo podía respaldar esa cantidad. Según la versión de Asensio, la oferta de Emerita fue admitida con generosidad por la Mesa del Concurso por un principio de favorecimiento de la competencia. Sin embargo, si entonces hubiera indicado que su proyecto ascendía a 640 millones como luego ha contado a los medios, Emerita no hubiera podido continuar en la licitación por no tener solvencia económica para acometer un proyecto de tal entidad. Igualmente, a preguntas de la jueza, Asensio recalcaba que la empresa que auxilió a la Administración en la fase preliminar del concurso fue Servicios Mineros de Andalucía. Y admitía que, posteriormente, algunos de los técnicos de esa empresa colaboraron con ambas licitadoras, tanto con Emerita, como con Minorbis. Esta colaboración, según la ex directora general de Minas, no contravenía la legislación de concursos. MUY SATISFECHA DE LA DECLARACIÓN En declaraciones a los periodistas tras prestar declaración durante dos horas ante la juez de Instrucción número 3 de Sevilla, María José Asensio se ha mostrado “satisfecha” de haber podido contestar a “todas” las preguntas de la magistrada y de resolver “todas las dudas” que le han podido manifestar tanto la instructora como la fiscal. “Al menos ya ha llegado el momento en que nosotros podemos responder”, ha puesto de manifiesto. “Ha quedado claro absolutamente todo lo que me han preguntado y yo he intentado dejarlo claro, también con mi capacidad y las dos horitas de tiempo que hemos estado”, ha agregado la ex directora general de Minas, que fue cesada tras su imputación en agosto y que, en su comparecencia, únicamente ha respondido a las preguntas de la juez, de la fiscal y de las defensas, negándose a contestar a las preguntas de las acusaciones que ejercen Ecologistas en Acción y Emerita. Preguntada por si la Junta ha actuado con “legalidad” en el procedimiento de adjudicación de la mina de Aznalcóllar, la imputada ha respondido que “absolutamente”, añadiendo que “hemos sido especialmente exquisitos en este caso”, y “es lo que he intentado trasladarle a la juez”. CONFIANZA EN LA INSTRUCCIÓN JUDICIAL Asimismo, y cuestionada por si confía en volver al puesto del que ha sido cesada, María José Asensio ha respondido que confía “absolutamente” en la instrucción “y en el trabajo que hay que hacer aquí, y más allá de eso no pienso siquiera”. De su lado, el abogado de la ex directora general de Minas, José María González, ha dicho a los periodistas que, en su declaración, su patrocinada ha defendido que su actuación fue “correcta” y que “no hay en absoluto ninguna irregularidad que pueda traernos aquí”. Sobre la solvencia económica de las empresas, el letrado ha señalado que el auto dictado por la juez “habla de unas contradicciones en la actuación de una señora que venía de Invercaria”, en referencia a Pilar Trujillano, quien “no tenía que avalar la solvencia económica”, pues la mesa del concurso público para la adjudicación del yacimiento “tenía que constatar que se daban los requisitos necesarios para constatar la solvencia”, y Trujillano “tenía que asesorar a la mesa, pero no tenía que avalar nada”. “Asesoró a la mesa, tenía que dar una serie de parámetros y ya está” en base a la documentación aportada por ambas empresas, ha aseverado el abogado, que ha mostrado su confianza en que la juez levante la imputación respecto a su cliente, “porque no ha habido ninguna irregularidad”. LA VÍA DE LO CONTENCIOSO, NO DE LO PENAL A su juicio, “es un asunto de que el que no ha ganado está protestando”, de manera que “este no es el escenario donde hay que dirimirlo”. “Hay que dirimirlo en el contencioso-administrativo, no en la jurisdicción penal”, ha remarcado. Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre de Emerita, Ramón Escudero, ha lamentado que la imputada se haya negado a responder a las preguntas de las acusaciones y ha asegurado que, en su comparecencia, “ha quedado claro que no dice la verdad”. Una vez ha concluido la declaración de Asensio, la juez iba a tomar declaración a la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y al interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos, a todos los cuales imputa un presunto delito de prevaricación.