Lo que hasta ahora era una sola macrocausa se convertirá en más de 200. La cifra es tan abultada porque son más de 200 las ayudas concretas a empresas o instituciones que tendrán su propio encausamiento individual, como lo tendrá, por una parte, el sistema utilizado para la concesión de las ayudas y, por otra, las sobrecomisiones cobradas por la gestión de las mismas. Esto dice al respecto el auto de la juez María Núñez Bolaños, conocido ayer: “De acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Fiscal, existirían tres criterios para la división en: una primera pieza relativa al procedimiento específico, una segunda relativa a las sobrecomisiones y un tercer bloque de piezas para el que habría que abrir, según el Ministerio Público, un número no inferior a 200 piezas pues se incoaría una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas”. La decisión de la nueva titular del Juzgado 6 de Sevilla de trocear la causa de los ERE es un golpe mortal a la hipótesis de su antecesora Mercedes Alaya de que se trataba de un caso imposible de escindir en distintas piezas so pena de desnaturalizarlo de forma irreparable. No pensaban como Alaya ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ni tampoco el propio Tribunal Supremo, enemigo declarado de macrocausas como la Malaya. EL DESTINO DE ALAYA El TSJA es de la opinión, que debe confirmar el Consejo General del Poder Judicial, de que Alaya concluya la instrucción de los ERE. Eso es, por otra parte, lo más razonable en opinión de muchos, pues es Alaya quien ha impulsado la causa y ha investigado hasta el último recoveco político y administrativo para reunir pruebas e indicios de que medio centenar de altos cargos de la Junta de Andalucía habrían creado, implementado o sostenido durante diez años un sistema ilegal de otorgamiento de subvenciones. El problema que surge con el troceamiento de la causa es que no está claro cuál de los trozos investigaría Alaya: si el procedimiento, si las sobrecomisiones o si algunas de las ayudas individualizadas a empresas. Y tampoco queda claro que Alaya vaya a aceptar proseguir la investigación tras conocer los severos límites impuestos por su sucesora y con la cual –es relevante subrayarlo– las relaciones personales y profesionales son pésimas, hasta el punto de que Alaya no ha dudado en desacreditar sin contemplaciones a su sucesora en distintas comunicaciones oficiales. La instructora de los ERE tiene ya su plaza en la Audiencia de Sevilla pero está destinada en comisión de servicio en el juzgado 6 precisamente para acabar de instruir la causa de los ERE. Pero ahora hay que determinar qué parte de esa causa debe investigar. Y si estará dispuesta hacerlo. Desde luego, la pieza judicial de mayor proyección política y mediática es sin duda la relativa al sistema de concesión de las ayudas, pues ahí los encausados son los principales políticos andaluces de los últimos veinte años. UNA POSICIÓN DEBILITADA Lo que parece deducirse, en todo caso, es que su posición procesal queda muy debilitada y que la división de la causa supone el más importante revés sufrido hasta ahora por la instructora, que, sin embargo, obtuvo su más valiosa e incontestable victoria en la decisión del juez instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro de proponer el procesamiento de los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en sintonía con lo defendido por Alaya. Pero hay todavía un incertidumbre más por despejar. El exconsejero José Antonio Viera continúa de diputado y sigue, por tanto, aforado ante el Tribunal Supremo, que deberá ser quien lo juzgue llegado el caso. Chaves, Griñán y Zarrías ya no están aforados, pero sus posibles responsabilidades penales coinciden en gran parte, aunque no completamente, con las de Viera. Algunos medios judiciales no descartan del todo que por razones de conexidad el Supremo pueda juzgar conjuntamente a todos ellos. LA POSICIÓN DEL SUPREMO Aun así, en su decisión de trocear la causa Bolaños no está sola. Ya en su auto del 13 de noviembre pasado, la Sala de Admisión del Supremo dejaba claro su criterio: “Estas cifras [más de 100.000 folios y por encima de los 200 imputados] hacen inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento conjunto y obligan a adoptar fórmulas que faciliten el tratamiento procesal de imputados y hechos. Sobre este particular, ya la Sala II ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre las consecuencias perniciosas de los llamados macroprocesos”. Los jueces subrayaban cómo la investigación del sistema de concesión de las ayudas, que es la que afectaba a los aforados, es “ciertamente escindible del resto de la instrucción judicial” dado que la propia Alaya separaba la fase de ideación y diseño del fondo de los ERE de la propia ejecución administrativa y material del mismo. La opinión de Alaya siempre ha sido la contraria a esa opción ahora materializada por Bolaños: "No existe razón alguna" que justifique la división pues "se rompería la continencia [criterio con el cual se decide la acumulación de dos o más procesos para que no se produzca la división de un mismo objeto procesal] del procedimiento. En cada expediente de subvención o de ayuda tienen responsabilidad los mismos cargos políticos y técnicos de la Junta y también los mismos intermediarios, ha sostenido siempre la magistrada.