La Audiencia de Granada ha anulado la imputación de la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, y la titular de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, que recurrieron su declaración como imputadas por los vertidos procedentes de la cárcel de Albolote.

Anulada sentencia
El auto de la Sección Primera de la Audiencia ha anulado la decisión del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que citó a declarar en calidad de imputadas a las dos delegadas de la Junta por su supuesta implicación en los vertidos de aguas fecales a una finca procedentes de una depuradora de la prisión de Albolote.

Recurso de apelación
Tanto García como Oria presentaron un recurso de apelación, al que se adhirió la Fiscalía, contra la consideración de imputadas que les otorgó el juez instructor. Según el auto de la Audiencia de Granada, el juez instructor "se limitó a copiar los hechos objeto de imputación por la acusación popular" respecto a García y Oria, pero que no entró a analizar el "fundamento" de las imputaciones.

No aclaró nada la acusación particular
El auto ha argumentado eliminar la calidad de imputadas de las dos delegadas por la falta de análisis del escrito de la acusación particular, que solo les atribuía haber sido delegadas de Medio Ambiente en Granada "sin aclarar qué conductas omisivas, en concreto, habrían tenido trascendencia en relación con los delitos investigados".

Así, la Audiencia ha estimado el recurso de las dos delegadas y ha anulado de manera definitiva la calidad de imputadas que les otorgó durante las diligencias previas el juzgado instructor.

Denunciadas por un particular
Las dos delegadas declararon por su presunta relación con la causa en junio del pasado año y ambas apuntaron que la Junta carecía de competencias en la materia durante los hechos porque eran del Gobierno central. Los vertidos por los que las delegadas declararon en sede judicial fueron denunciados en 2010 por un particular que aseguró que, desde 1997, su finca, ubicada junto a la prisión provincial, había sufrido graves daños por vertidos procedentes de la cárcel que afectaron al cauce del arroyo El Juncal.

En la causa también declararon como imputados diferentes responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), técnicos encargados de la depuradora de la que salieron los vertidos, cargos de Instituciones Penitenciarias y responsables de la cárcel de Albolote.