El Gobierno andaluz ha rectificado su posición inicial de considerar suficiente la validación por la Diputación Permanente del Parlamento de su ‘superdecreto’ liberalizador que modifica más de 20 leyes.

El vicepresidente Juan Marín ha anunciado hoy que el Gobierno andaluz volverá a llevar el decreto al Parlamento, una vez concluya el estado de alarma y la Cámara normalice su actividad. Lo que no hará la Junta es tramitar el decreto como proyecto de ley, que es lo que exigían PSOE y Adelante.

La Junta toma esta decisión después de conocerse formalmente que el Gobierno de España recurrirá el decreto autonómico ante el Tribunal Constitucional por los puntos del mismo relativos al patrimonio histórico y a las emisoras de radio, y en los que el Ejecutivo ve una invasión por la la Junta de competencias que son estatales.

Aunque Marín no lo ha explicitado así, cabe conjeturar que lo que la Junta llevará al Parlamento será una modificación de determinados aspectos del decreto, pero no el decreto íntegro como tal.

La izquierda pide explicaciones

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha criticado “la insolvencia” de Marín, que “ignora la tramitación parlamentaria de un decreto, tal y como ha quedado en evidencia en sus declaraciones de hoy". Sánchez Haro ha recordado a Marín que el Gobierno de España “ni convalida ni anula ninguna ley andaluza, lo que hace es recurrir los aspectos del decreto que invaden competencias del Estado”.

“El Gobierno andaluz –sostiene Sánchez Haro– se ha dado cuenta de que ha metido la pata sometiendo a convalidación de la Diputación Permanente el Decreto-Ley de Simplificación Administrativa, y ahora, en lugar de resolver el problema, vuelve a introducir confusión creando un trámite que no existe: la convalidación de la convalidación”.

En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, que pedido al Gobierno andaluz que aclare las declaraciones del vicepresidente. En opinión de la dirigente, las declaraciones de Marín obedecen bien a “un intento por ocultar los problemas que se le vienen encima con tres recursos ante el Tribunal Constitucional” o bien a “un claro desconocimiento de la realidad jurídica andaluza por parte del vicepresidente, pues ni el Reglamento de la cámara autonómica ni el Estatuto de Autonomía contemplan la ratificación de decretos ya en vigor”.

En este sentido, desde Adelante Andalucía consideran que la posición expresada hoy por el Gobierno evidencia un reconocimiento del error cometido con la aprobación del decreto por la puerta de atrás valiéndose del estado de alarma y la confusión derivada de la pandemia de coronavirus: “Es indigno de una democracia aprovecharse de un momento de excepcionalidad para aprobar normas que van a suponer menoscabo de derechos para los andaluces del futuro”. 

Como se sabe, el decreto ha sido duramente criticado por el sector audiovisual porque avala y da carta de naturaleza a emisoras pirata, lo que en la terminología oficial se denomina “carecer de título administrativo habilitante”.

Entre esas emisoras sin autorización figuran Cope+ Granada, Cope+ Málaga, Cope+ Córdoba y Rock FM Córdoba, oficialmente clausuradas el pasado mes de diciembre por la Junta de Andalucía por carecer de licencia.

Los recursos

Simultáneamente, el PSOE de Andalucía ha confirmado hoy que 50 senadores presentarán en su nombre su propio recurso ante el Constitucional contra el “decreto de desregulación” impuesto por Moreno Bonilla con la “excusa” la pandemia global.

Para el vicepresidente Marín es un motivo de satisfacción, según ha dicho hoy, que el Gobierno central considere que “el 95 por ciento de todas las modificaciones que van incluidas en ese decreto son correctas y las adecuadas", ya que solo recurre las relativas a patrimonio y comunicación. Que el Gobierno de España “solo” recurra un 5 por ciento del decreto “es un motivo de alegría” para la Junta.

Marín ha criticado la iniciativa del PSOE-A con el recurso que presentarán los 50 senadores y que el vicepresidente considera un "ataque no a la Junta, sino a los intereses de los andaluces", dado que el decreto solo pretende crear empleo y riqueza.

Un atropello normativo

Para el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Jiménez Barrios, el presidente de la Junta debe retirar de inmediato un decreto de “contrarreforma legislativa que minimiza controles y genera una grave inseguridad jurídica” en la comunidad.

Manuel Jiménez Barrios ha calificado de “atropello al marco normativo y al sentido común” el decreto “mal llamado de simplificación administrativa” impuesto por Moreno Bonilla y su Gobierno para modificar de golpe 21 leyes y seis decretos autonómicos, colocando a Andalucía “una grave inseguridad jurídica” que perjudica a la actividad de empresas, pymes, emprendedores y ciudadanía en general, ya enormemente afectada por la pandemia de coronavirus.

Ha subrayado que la aprobación del decreto “ha supuesto un escándalo” por su forma y su contenido, de manera que más de 80 organizaciones han recurrido su aprobación ante el Defensor del Pueblo Español, 27 entidades han pedido por carta al presidente de la Junta que acabe con este “atropello”, el Gobierno de España tiene intención de recurrir ante el Constitucional por invasión de competencias estatales, y la organización nacional de radios comerciales ha solicitado la intervención de los poderes públicos “para frenar este abuso”.