Están en pie de guerra. Sector audiovisual, organizaciones sociales, facultades de comunicación, periodistas, sindicatos y oenegés coinciden en pedir al Gobierno andaluz la paralización del ‘megadecreto’ de desregulación administrativa que abre la puerta, entre otras cosas, a "la privatización de emisoras municipales, la contratación de publicidad por parte de emisores piratas, la competencia desleal y el intrusismo”.

No son sólo los sectores profesionales quienes exigen a la Junta que eche el freno. Los grupos parlamentarios de PSOE y Adelante Andalucía también han registrado un escrito en la Cámara solicitando que el 'Decreto Ley 2/20, de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía', aprobado por el Gobierno andaluz el 9 de marzo, se tramite como un proyecto de ley en caso de que no sea retirado como vienen reclamando.

Entienden ambos partidos que este "momento de excepcionalidad no es el más idóneo" para aprobar una norma que modifica 21 leyes y seis decretos.

Voces de alarma

Dos comunicados públicos difundidos ayer coincidían en dar la voz de alarma. Uno fue el de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que expresaba el malestar del sector por las consecuencias de una norma que consideran “contraria a la legislación estatal básica” y que “dinamita la seguridad jurídica”.

El segundo comunicado lo firmaban 13 organizaciones sociales, académicas y profesionales alertando “sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa”, además de tener un impacto negativo en el empleo de un sector audiovisual andaluz que queda “tocado de muerte”.

Sin consultas ni alegaciones

La Asociación Española de Radio Comercial (AERC), reunida ayer, ve serios riesgos en el hecho de que se faculta a los ayuntamientos para ceder la gestión de sus emisoras a terceros, una medida de calado que el Gobierno de PP y Cs adopta “adopta sin debate parlamentario, sin consultar al sector y sin trámite de alegaciones”pese a que supone nada más y nada menos que “la derogación del marco jurídico autonómico por el que se rigen las emisoras municipales".

Recuerda la asociación que agrupa a las radios comerciales del país que la contrarreforma de la Junta es contraria “a la legislación estatal básica que sirve de límite a la acción legislativa autonómica, y que establece -atendiendo a la protección del pluralismo, y la promoción de la cultura, la educación y el entretenimiento fijados en la Ley General de Comunicación Audiovisual-, que las comunidades autónomas no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales".

Seguridad jurídica en el aire

Uno de los temas que más preocupa al sector es la seguridad jurídica. Sostiene la AERC que sus emisoras asociadas operan en el mercado tras haber obtenido su adjudicación administrativa en base a “criterios de pública concurrencia, idoneidad y capacidad técnica; y lo hacen, por tanto, de acuerdo con la seguridad jurídica del Estado”.

Sin embargo, "dicha seguridad se ve seriamente alterada al incorporar, a través de este decreto ley, cientos de emisoras al mercado, que pasarían a poder ser gestionadas sin la protección a la concurrencia y la idoneidad que garantiza la legislación estatal básica", lo que a su vez "lesiona irreparablemente la capacidad del Estado de planificar y controlar el espectro radioeléctrico, bien imprescriptible de dominio público, cuya titularidad, gestión y planificación corresponde en exclusiva a la Secretaría de Estado de la Sociedad de Información y Agenda Digital, dependiente del Ministerio de Economía".

El daño puede ser irreparable para el sector porque legitima “un trato discriminatorio entre operadores de radio y entre territorios del Estado”.

Adiós al consenso

Por su parte, las 13 organizaciones firmantes del segundo comunicado piden a la Junta la paralización del decreto y “volver al consenso sobre el audiovisual andaluz”

Lo rubrican colectivos profesionales, organizaciones sociales, facultades de comunicación, sindicatos, oenegés y medios de comunicación y su pronóstico es demoledor: la desregulación del sector provocará “más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa”.

Para las entidades y colectivos firmantes la nueva norma “supone, de facto, una ruptura de los consensos políticos y sociales que llevaron a la aprobación de la Ley Audiovisual de Andalucía (2018) y que convirtió a la Comunidad andaluza en un referente en políticas audiovisuales a nivel estatal”.

En pleno estado de alarma

También denuncian “las formas con las que ha actuado el Gobierno de la Junta de Andalucía, llevando a la Diputación Permanente y en pleno estado de alarma por el COVID-19 importantes cambios sin debate alguno y tan solo dos años después de dar el visto bueno a la actual Ley por parte de todos los grupos políticos del Parlamento”.

Por ello, piden al Gobierno andaluz que “abandone la unilateralidad”, pues su decreto aboca a “la privatización de los medios públicos locales, tanto de radio como de televisión y contraviene uno de los objetivos de la comunicación local, que es la construcción de identidad territorial, al permitir que desembarquen empresas de comunicación desde fuera de Andalucía sin arraigo en el territorio, ocupando frecuencias que ahora son públicas”.

Esta particularidad, enfatiza el comunicado, “permitirá que cualquier empresa pueda utilizar la frecuencia de la radio o televisión municipal sin fines de servicio público y para repetir una señal producida en Madrid, Barcelona o incluso, en el extranjero, algo que va claramente en detrimento del empleo andaluz, los contenidos locales y la articulación territorial”.

Los abajo firmantes

Igualmente, “lejos de proteger el espacio radioeléctrico, el decreto ley permitirá a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas”. Además, “garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales, tanto privadas como públicas, desregulando el sector, su transparencia y control fiscal”.

Y por si fuera poco, consideran los firmantes, “el decreto degrada el papel del Consejo Audiovisual Andaluz, prescindiendo de sus informes para determinados asuntos entre ellos los cambios de adjudicatarios en los negocios jurídicos con las licencias obtenidas en concurso público”.

Firman el comunicado las siguientes entidades y colectivos: Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA RTV), Red Estatal de Medios Comunitarios (ReMC), Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA), Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Asociación de la Prensa de Cádiz, Asociación de la Prensa de Almería, Asociación de la Prensa de Sevilla, Asociación de la Prensa de Huelva Asociación de la Prensa de Málaga, Asociación de la Prensa de Córdoba, Facua y Colectivo Escuelas de Calor.