Esta vez Juana Rivas se ha adelantado al plazo que le había impuesto la justicia y ha entregado a sus hijos, de 3 y 11 años, a la Guardia Civil para dárselos provisionalmente a su padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en el 2009 por maltrato. La juez le exigió el viernes en un auto muy duro que los devolviera a su progenitor esta tarde a las 17.00 horas en el punto de encuentro familiar de Granada. 

La jueza de instrucción número 2 de Granada, que investiga a la madre de Granada por sustracción de menores y desobediencia a la justicia, amenazaba a la madre granadina con tomar las "medidas cautelares" oportunas si no permitía que los niños volvieran con su padre a Italia e imputaba a sus asesoras y a todo su entorno familiar por "partícipes" en la retención y ocultación de los niños. La impresión generalizada, sin embargo, es tampoco las fuerzas de seguridad del Estado han venido poniendo especial celo en hallar a los niños.

La Guardia Civil de Granada no había podido localizar hasta la mañana de este lunes a Juana Rivas, informaron fuentes del cuerpo, si bien estaba debidamente notificada de que había de entregar a los niños, en tanto en cuanto está representada por abogado y procurador en las diligencias que lleva adelante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que la investiga por supuestas desobediencia judicial y sustracción de menores.

Apoyo menguante

Si de nuevo Rivas hubiera incumplido el mandato judicial, no solo se arriesgaba a una detención inminente, sino que pondría en riesgo el apoyo social y político que ha venido teniendo pero que paulatinamente se ha ido volviendo más tibio y distante. 

Entre quienes han dado su apoyo político a Rivas hasta ahora figuran desde la presidenta de la Junta, Susana Díaz, hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero las críticas judiciales han arreciado en las últimas semanas.

Uno de los reproches de mayor autoridad moral partía de la agrupación progresista Jueces para la Democraciamuy comprometida ante la violencia de género y los derechos de las mujeres, que la semana pasada denunciaba sin contemplaciones "las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo" en el caso con "evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la no ejecución de las resoluciones judiciales".

El aviso de Aguilar

Ya el pasado día 21, el Gobierno andaluz matizaba su posición inicial de apoyo cerrado a Rivas y lo hacía por boca de la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar: "No puede estar desaparecida para siempre".

Al día siguiente, Rivas se presentaba en el juzgado. Si hoy no lo hubiera hecho, habría puesto a las autoridades andaluzas en una posición muy embarazosa, pues difícilmente habría podido la Junta seguir respaldando un nuevo incumplimiento judicial de Juana dando por bueno el argumento de un riesgo para sus hijos que la justicia ha descartado expresamente en sentencia firme.

El muro de la justicia

Como se recordará, Rivas permaneció cerca de un mes desaparecida con sus hijos para evitar que fueran devueltos a su padre, que ostenta la custodia provisional de los dos pequeños, según dictamen de los tribunales italianos.

Los sucesivos recursos de la madre se han estrellado contra el muro de la justicia española, que no ha rectificado a la italiana a pesar de que Arcuri fue condenado por maltrado en el 2009. Juana decidió no devolver a sus hijos a Italia, donde la familia tiene su residencia y de donde se los trajo a España en mayo de 2016, por lo cual su expareja la denunció –y los jueces le han dado la razón– por sustracción internacional de menores.

Dos meses después, en julio de 2016, Rivas presentaba ante las autoridades españolas una segunda denuncia por malos tratos contra Francesco, aunque no ha sido trasladada a los tribunales italianos hasta más de un año después.

De fondo, la custodia

El jueves pasado Rivas compareció por fin ante la justicia y quedó en libertad provisional, pero no tanto porque el juez le diera la razón de fondo como porque se inhibió del caso a favor del Juzgado de Instrucción 2: el mismo que le ordenaba el viernes que devolviera esta tarde a sus hijos.

El fondo de la cuestión es la custodia de los hijos y solo puede decidirlo la justicia italiana, que también deberá evaluar ese segundo ciclo de presuntos malos tratos que Juana habría padecido en los últimos tres años en Italia y que su expareja niega.