En plena ola de incendios que ha vuelto a atormentar a Galicia este verano, el Partido de Socialista de Galicia (PSdeG) ha lanzado en Láncara una denuncia dura y estructurada contra el modelo autonómico de lucha contra el fuego. “Precariedad, improvisación y abandono” son, según los socialistas, las tres palabras que resumen la respuesta de la Xunta. Desde el gobierno local hasta la bancada parlamentaria del PSOE en Galicia reclamaron la creación de un servicio único, público, estable y profesionalizado, gestionado por la Xunta, que sustituya al actual mosaico de brigadas municipales temporales y ayudas puntuales.
El alcalde en funciones de Láncara, Pablo Rivera, analiza la situación de su municipio como una fotografía de la precariedad describiendo que brigadas municipales que han tenido que renunciar por falta de medios, equipos (la llamada “carroceta”) que funcionaron un día durante la ola de incendios, y ayuntamientos obligados a poner vehículos, seguros y equipos personales para atender un riesgo extremo. Es “la prueba más evidente de que el sistema actual no funciona ni está dimensionado para las necesidades reales”.
Según el PSdeG, Galicia pasó de 263 brigadas municipales en 2016 a 151 en 2023, una reducción que, a juicio de la formación, deja amplias zonas sin cobertura preventiva ni capacidad de reacción local.
La crítica más certera, y la que ha provocado mayor alarma entre sindicatos y cargos socialistas, se centró en la duración y la calidad de la preparación de muchos trabajadores contratados para la campaña estival. La portavoz socialista para asuntos forestales, Carmen Rodríguez Dacosta, fue contundente: “No puede ser que se contrate personal solo durante tres meses, en plena temporada de alto riesgo, y que se le dé un curso exprés de 16 horas para luego mandarlos a la boca del lobo, frente a incendios de quinta generación. Eso es una auténtica temeridad”.
Muchos ayuntamientos publican convocatorias con contratos temporales de tres meses para peones y jefes de brigada, y la gestión local, que van desde equipos de protección individual (EPI) hasta vehículos y seguros, corre a cargo de las arcas municipales, con aportaciones autonómicas que los socialistas califican de insuficientes.
Los portavoces socialistas han situado el problema en el contexto más amplio de los incendios actuales con fuegos más simultáneos, más intensos y capaces de comportamientos extremos, lo que algunas fuentes técnicas denominan incendios de quinta o incluso sexta generación, que exigen no solo más medios, sino una organización operativa distinta.
La Xunta, por su parte, presentó este año el Pladiga 2025, que en su comunicación oficial habla de un dispositivo con hasta 7.000 profesionales disponibles en los períodos de mayor riesgo y una apuesta por aumentar la formación de cerca de 1,8 millones de euros para 2025-2026 y 3.500 acciones formativas previstas.
Sin embargo, medios locales y algunos análisis independientes señalan que el total de personal del operativo efectivo —incluyendo aportaciones de otras administraciones— quedó por debajo de esas cifras en los momentos más críticos, con referencias que sitúan la cifra real de efectivos desplegados en torno a 4.300 en los picos de refuerzo y alrededor de 5.199 contabilizados en algunos listados; la diferencia entre “disponibles” y “efectivamente movilizados” se ha convertido en una pieza central de la controversia.
La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, acusó a la Xunta de "fugarse de sus responsabilidades" y dedicó palabras duras a lo que consideró propaganda: convocatorias anunciadas en agosto que, según el PSdeG, proceden de ofertas de empleo público de 2023 y no suponen una solución inmediata para la temporada en curso. “Eso no es planificación, es propaganda electoral”, sentenció.
El impacto humano
En los últimos días se han producido heridos entre brigadistas y profesionales forestales y, ante ello, los socialistas remitieron un mensaje de apoyo a quienes están en las tareas de combate y a sus familias, y reclamaron medidas concretas para evitar que el sacrificio humano se convierta en la moneda corriente de la política estival. La pérdida de capacidad municipal —brigadas que desaparecen por falta de personal o dinero— obliga a los alcaldes a asumir responsabilidades técnicas y logísticas que, según ellos, corresponden a la administración autonómica.
Especialistas en incendios recuerdan que, ante incendios más intensos, simultáneos y caprichosos, la respuesta debe combinar prevención territorial (gestión de la biomasa, fajas cortafuego, aprovechamientos) con un dispositivo profesionalizado y continuo. Las generaciones de incendio han evolucionado: a fuegos más lentos y razonablemente previsibles han sucedido escenarios con múltiples focos, pirocúmulos y comportamientos que superan la táctica tradicional de ataque directo; eso exige jefes logísticos, recursos humanos con formación sólida y equipos especializados.
