En su enésimo arrebato de soberbia, Javier Ortega Smith ha decidido volver al barro. El diputado de Vox ha respondido a Sarah Santaolalla con un tuit en el que mezcla machismo, clasismo y resentimiento, insinuando que su lugar profesional no se debe ni a su inteligencia ni a su formación. El ataque, impropio de un cargo público, confirma la estrategia habitual de Vox: convertir el insulto y la humillación en argumento político.

El mensaje, publicado en la red social X, decía textualmente: “Respeta un poco, que todos sabemos perfectamente por qué estás donde estás, y no es ni por tu inteligencia ni por tu formación”. Una frase breve, pero cargada de violencia simbólica, que sugiere —sin decirlo explícitamente— que Santaolalla debe su espacio público a factores extrínsecos, probablemente vinculados a su condición de mujer.

El conflicto se originó tras la intervención de Sarah Santaolalla en el programa Mañaneros 360, de RTVE, durante la tertulia conducida por Javier Ruiz este lunes 20 de octubre. El espacio se hacía eco de la tensión en el madrileño barrio de Vicálvaro, escenario de enfrentamientos entre vecinos y grupos neonazis por la construcción de un centro de acogida para personas sin hogar. Mientras las imágenes de las protestas se emitían en pantalla, Santaolalla lanzó una reflexión contundente: “Si no se ilegaliza a esta panda, que ahora tiene un gimnasio, una sede y se lo monta muy bien… No nos engañemos, también están en el Congreso con un carné de diputado”.

“Se llama Vox, que es un partido fascista y debería ser ilegalizado”, continuó esgrimiendo la analista política. “Todos tenemos que ser antifascistas, denunciar lo que hace esta gente, que no es muy distinto de lo que algunos hacen con dinero público en las instituciones”, sentenció.

¿Dónde está la APM?

Y, sin embargo, llama la atención la ausencia de una condena pública específica de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ante esta nueva oleada de insultos y ataques dirigidos hacia Santaolalla, cuando en otras ocasiones sí ha intervenido. La asociación, que tiene entre sus fines la defensa de la libertad de información y la protección de los periodistas ante agresiones, ha emitido comunicados de amparo en casos anteriores. Basta recordar su reciente reprimenda al ministro Óscar Puente por señalar a un corresponsal en Washington, recordando la obligación de las autoridades de respetar la labor periodística.

Pero cuando se trata de Sarah Santaolalla, que acumula ya decenas de comentarios machistas y de odio tras cada una de sus intervenciones televisivas, la APM guarda silencio. La propia analista denunció hace unas semanas “una maquinaria perfectamente estructurada y financiada que diariamente trabaja contra mi persona”. En ese silencio institucional, muchos ven una doble vara de medir: cuando se trata de periodistas hombres o de choques con el poder político, la asociación actúa; cuando es una mujer señalada por su opinión y por su género, la reacción se disuelve en la indiferencia. Y la pregunta se impone: ¿dónde está la APM cuando lo que está en juego es la dignidad profesional y personal de una periodista sometida a un acoso sostenido y público?

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