El pasado 20 de noviembre de 2025 conocimos el fallo que condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo deliberaron que García Ortiz había cometido un delito de revelación de secretos por hacer públicos unos datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Tras semanas de juicio, decenas de testimonios y cientos de conjeturas alrededor, el ponente definitivo y presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, aseguró que García Ortiz era autor del delito recogido en el artículo 417.7 del Código Penal. Inicialmente, la encargada de la ponencia era Susana Polo, magistrada progresista que alegó que no encontraba argumentos sólidos para condenarlo. Polo y Ana María Ferrer García anunciaron que emitirán dos votos particulares en desacuerdo con la mayoría del Alto Tribunal.
15 días después, el Supremo no ha publicado la fundamentación jurídica del fallo, es decir, no ha dado a conocer la sentencia que argumenta la condena del fiscal general del Estado. Los días inmediatamente posteriores al conocimiento del fallo, la judicatura alegó que el adelanto del resultado evitaba posibles filtraciones tras el cambio de ponente, y que pese a no ser algo habitual, si era anómalo. En la propia nota del Poder Judicial se reconoce que la sentencia “está pendiente de elaboración”, por lo que se indujo que la decisión se tomó a priori de consolidar la argumentación y la motivación.
En unas grabaciones publicadas en los medios de comunicación, pudimos escuchar como hasta tres jueces del Supremo acudían a impartir cursos en la sede de una de las acusaciones y querellantes, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y se refirieron (Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo) a pormenores del caso contra García Ortiz: revelaron el tiempo de reflexión que estipularon, la fecha de deliberación y la jornada en la que adelantarían el fallo. Y lo hicieron cobrando 90 euros la hora.
Por primera vez un tribunal investigó, imputó, juzgó y condenó a un fiscal general del Estado. García Ortiz fue penado con 2 años de inhabilitación (no podrá retomar la carrera judicial) y a pagar una indemnización de 10.000€ y una multa de 7.300€. Conocemos el qué, pero ignoramos el por qué.
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La judicatura opina
El jurista, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, ha afirmado a ElPlural.com que “es evidente que se publicó el fallo sin tener redactada la fundamentación”, no mientras “retocaban algún detalle de la sentencia”. Urías ha sostenido que “han intentado construir una sentencia de forma contraria a la Constitución Española” porque las sentencias “deben ser fundamentadas”.
“Mientras más tardan (en publicar la fundamentación), más evidente es que están construyendo una sentencia sin argumentación jurídica; algo que vulnera los artículos 24 y 120 de la Carta Magna”, ha dicho el profesor de la Universidad de Sevilla.
El Gobierno de España ha optado por criticar la tardanza del Supremo en dar cuenta de la fundamentación jurídica que tumbó a su fiscal y les obligó a nombrar a Teresa Peramato como sucesora. El presidente, Pedro Sánchez, ha retirado el compromiso y el agradecimiento del Ejecutivo a la labor profesional de García Ortiz, palabras a las que se sumó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una declaración institucional. Ambos han asegurado no compartir el sentido del fallo, pero reiteran que lo aceptan y que confían en las instituciones de justicia. Ellos, junto a Margarita Robles, han sido los más comedidos.
Por el contrario, el ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el portavoz del PSOE, Patxi López, la portavoz de Podemos, Ione Belarra y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, entre otros, han elevado el tono contra la forma y el contenido de este fallo. Tras su prematura revelación, se espera que antes de que acabe el año se conozca la sentencia, que sin duda, será una de las más polémicas de la legislatura.
