Una vez el Tribunal Supremo publicó el fallo condenatorio del que era fiscal general del Estado, se presupuso que el fin de la polémica estaría cerca. Dos semanas después, sin todavía conocer la fundamentación jurídica de la sentencia, han aparecido varias anomalías criticables de alguno de los magistrados que imputaron, juzgaron y condenaron a Álvaro García Ortiz.

Primero supimos que el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, acudió a impartir -de forma remunerada- un curso en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, que a su vez ejercía de acusación popular y presentó una de las dos querellas que originó la causa, en la misma semana en que se habían retirado a deliberar la sentencia del juicio al fiscal general. En unos audios grabados desde el interior de aquella charla aquel martes 18 de noviembre, Martínez Arrieta comunicó a sus alumnos que debía concluir porque tenía que irse a poner la sentencia del fiscal general. Esas declaraciones podían entenderse como un avance de la condena puesto que la magistrada inicialmente elegida para redactar la ponencia, Susana Polo, consideró que no veía pruebas para considerar culpable a García Ortiz. Y ese cambio de ponente implicaba que no había unanimidad para declarar inocente al fiscal.  

Vaticinios un día antes de la publicación del fallo

A la mañana siguiente, el pasado miércoles 19 de noviembre, acudía su compañero Juan Ramón Berdugo, decano de la Sala Segunda del Alto Tribunal y también contratado por el Colegio de Abogados de Madrid. Este se explayó con contundencia ante el mismo auditorio de letrados: “Mañana [por el jueves 20, el día en que el Supremo hizo público el fallo] tenemos deliberación, hemos dejado el fin de semana de reflexión”. Así figura en una grabación de esa conferencia, que ha adelantado este jueves TVE en el programa La Hora de la 1 y ha corroborado elDiario.es.

 

Al término de la charla, entre risas del público, todos abogados pertenecientes al turno de oficio, el magistrado Berdugo agradeció la atención de su audiencia y cerró su intervención: “Fue un placer, además pueden decir que les he dado la conferencia entre deliberación y deliberación. Mañana seguimos”. Tras sus palabras, varios alumnos intentaron sonsacar alguna información, pero el miembro del tribunal despejó las preguntas entre risas antes de abandonar el auditorio.

Durante su participación en el curso, Berdugo mentó alguna minucia del caso de García Ortiz cuando referenció cuestiones previas que presentó la Abogacía del Estado que ejercería la defensa del acusado.

Críticas de la judicatura por anomalías criticables

La mera asistencia de hasta tres (de siete) magistrados del Supremo a un curso pagado por una de las principales acusaciones contra el fiscal general en la misma semana que debían dictar su sentencia ha causado asombro y perplejidad entre algunos sectores de la judicatura. Por ejemplo, el exjurista Baltasar Garzón Real, ha declarado en el propio programa de La 1 que ofreció los audios en exclusiva, que es “una actitud más que criticable” por ser un “juicio pendiente en única estancia”. Garzón ha insistido en que “debían haber tenido más cuidado” para asegurar “la apariencia de imparcialidad”.  

Las tarifas que pagó el ICAM fueron de 90 euros por hora. El presidente de la Sala Segunda, Martínez Arrieta, percibió 180 euros, su compañero de tribunal Berdugo, 360 por impartir cuatro horas, y el organizador, Antonio del Moral, también magistrado del Supremo, 630 euros, que incluyen el complemento como director de las charlas.

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