La Unión Progresista de Fiscales, asociación de la que el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz fue presidente, ha remitido este viernes una comunicación formal a Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de magistrados y abogados, para poner en su conocimiento lo que tildan de una "sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal seguido contra el fiscal general".
Aseveran en un comunicado que dan este paso porque "el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", pues "los hechos observados no son meros desacuerdos jurídicos, sino anomalías que comprometen la independencia judicial, generan una aparente falta de imparcialidad y afectan al equilibrio institucional en un Estado de Derecho".
Y apostillan que acudir a este mecanismo internacional "no es un gesto político, sino que es un mecanismo de protección institucional, amparado en los tratados de derechos humanos suscritos por España".
Los hechos denunciados
Los hechos por los que acuden ante la ONU son varios. En primer lugar, lo que aseguran ha sido una acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados, pues los mismos magistrados participaron en: la admisión de las querellas, la valoración inicial de indicios, el control de la instrucción, la revisión de decisiones clave, y finalmente, el enjuiciamiento. "Este solapamiento compromete la apariencia de imparcialidad que exigen los Principios Básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura", afirman.
En segundo lugar, hablan de una instrucción con medidas extremadamente invasivas. "La orden de entrada y registro en la Fiscalía General del Estado incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas. Parte de información incautada fue posteriormente filtrada a la prensa sin investigación judicial alguna sobre el origen de esas filtraciones" aseguran en su escrito.
Como tercera razón esgrimen lo que tildan de "comportamientos públicos impropios durante el juicio y la deliberación", y como ejemplo de estos comportamientos ponen las intervenciones en sala incompatibles con la neutralidad, un curso remunerado impartido en pleno periodo de deliberación ante una de las acusaciones populares, comentarios jocosos del presidente del tribunal sobre la sentencia antes de su adopción, vínculos académicos recientes entre magistrados y abogados acusadores. "Todo ello, más allá de la intención personal de los magistrados, erosiona la confianza de cualquier observador razonable" dicen a este respecto.
Por último, hacen referencia al adelanto de fallo que hizo el Tribunal Supremo. "Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican. Esta práctica afecta directamente al derecho de defensa, a la transparencia y a la confianza social en las instituciones", apostillan en su escrito.
Lo que piden
En cuanto a lo que le solicitan a la relatora de la ONU. Dice el escrito que le piden a Margaret Satterthwaite que analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial, que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales, y que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso.
Aseguran que su intención no es desacreditar a la justicia española, sino protegerla. Un Poder Judicial fuerte es aquel capaz de recibir críticas institucionales, corregir desviaciones y reforzar su legitimidad.
