La falta de acuerdo entre los grupos políticos para hallar una salida consensuada que no perjudicara a ninguno de los partidos con presencia en la Mesa del Parlamento ya tiene una primera víctima: Izquierda Unida. La formación que lidera Antonio Maíllo es el único grupo del Parlamento que no contará a partir de ahora con un miembro en la Mesa del Parlamento, donde el PSOE tiene tres representantes, el PP dos y Podemos y Ciudadanos uno cada uno.

Como estaba previsto, el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) ha publicado este lunes la resolución del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, que da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a incorporar a la Mesa a la diputada del PP Patricia del Pozo, pasando así la representación conservadora de uno a dos miembros.

El problema es ahora para IU. La incorporación de Del Pozo como secretaria segunda conlleva la salida de la Mesa --con siete miembros-- del diputado de IULV-CA José Antonio Castro, que ocupaba la Secretaría Tercera y que ahora pasa al diputado de Ciudadanos Julio Díaz (que era el secretario segundo). La presencia en la Mesa da derecho a la contratación de dos personas: un conductor y un asesor.

Reformar el Reglamento

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maíllo, aspira a que el Parlamento andaluz reforme su Reglamento. En una entrevista este lunes en Canal Sur Radio, Maíllo ha dicho que la sentencia vulnera un derecho de su formación más importante que el que reclamaba el PP, porque en el caso del recurso 'popular' se discutía "el grado de representación", ya que el PP sí tenía representante en la Mesa, y ahora, con esta interpretación, "que no dice que IU tenga que irse de la Mesa", se "vulnera un derecho por la ausencia de participación".

"A partir de hoy se comete un atentado contra el artículo 36 del reglamento porque IU no tiene miembro en la Mesa del Parlamento", ha incidido el parlamentario andaluz, que ha añadido que se valorará acudir al Tribunal Constitucional pero, sobre todo, se reclamará que se modifique el Reglamento para que no se "menoscaben" sus derechos "al menos de forma transitoria en esta legislatura".

Malos tiempos para el consenso

Pese a las quejas del líder de IU, lo cierto es que la sentencia del Constitucional no dejaba ningún margen de discrecionalidad a la Presidencia de la Cámara para su cumplimiento. Solo un pacto político previo a la publicación del fallo habría evitado la expulsión de Castro. Las malas relaciones políticas de IU y Podemos con los socialistas explica, al menos en parte, que hasta ahora no se haya avanzado nada en el imprescindible consenso para reformar el Reglamento.

Como se recordará, tras conocerse la sentencia del TC, dictada el pasado 28 de noviembre, los servicios jurídicos del Parlamento andaluz presentaron en diciembre un informe a la Mesa de la Cámara que establecía su ejecución una vez publicada en el BOE, algo que se ha producido este mismo lunes.

La sentencia del Tribunal Constitucional, dictada el 28 de noviembre, estimaba el recurso de amparo que Patricia del Pozo presentó en junio de 2015 en contra de la composición de la Mesa del Parlamento que surgió de la sesión constitutiva, en la que el Grupo Popular solo tenía uno de los siete puestos.

El alto tribunal declaró "vulnerado el derecho" de Patricia del Pozo a ejercer sus funciones representativas y reconoció su "derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz como secretaria segunda", anulando el acuerdo que proclamó los tres secretarios de la Mesa de la Cámara el 16 de abril de 2015.