Varios imputados en el caso de los ERE se han opuesto a la división en piezas pedida por el fiscal, que a su juicio supondría doscientas causas y consecuencias "devastadoras e injustas" sobre sus futuras condenas.

Una docena de defensores so oponen a la petición de la Fisalía
Fuentes del caso han informado a Efe de que una docena de defensores se han opuesto a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dividir la causa de los ERE en piezas separadas -una por cada ayuda investigada- y elevar al Tribunal Supremo la correspondiente a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Entre quienes se han opuesto se encuentran los defensores del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principales representantes de los llamados "imputados transversales" que estarían presentes en buen número de causas.

Circunstancias que impiden la división
El abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un exdirector de la agencia andaluza IDEA, dice a la Audiencia de Sevilla que en este caso "se dan todas y cada una de las circunstancias que impiden la división" y no concurren las situaciones que la jurisprudencia establece para la división en causas separadas.

"Existe el riesto de sentencias contradictorias"
En concreto, "existe riesgo de sentencias contradictorias, la división tendrá consecuencias sobre la penalidad, se analizan supuestos de comisión conjunta por varios participantes y la división, en lugar de agilizar la causa, la dilatará", defiende en un escrito al que ha tenido acceso Efe. En el caso de las penas que pueden ser impuestas, la división tendría una consecuencia "devastadora, desproporcionada e injusta", mantiene Alférez.

"Se tendrían que abrir doscientos procedimientos penales"
Explica además que "se tendrían que abrir doscientos procedimientos penales tramitados por las mismas personas que hoy día tramitan uno solo", lo que "sin duda sería el verdadero terreno abonado para que las nulidades pudieran florecer". También dará lugar a "multiplicidad de recursos y actos procesales y, en definitiva una menor agilidad", según Alférez.