El Ministerio de Hacienda replicó ayer con un comunicado oficial a la interpretación del Gobierno andaluz de que el de España “ha intervenido” las cuentas de la Junta por motivos puramente políticos y debido a incumplimientos del plan de estabilidad cometidos, en todo caso, por el Gabinete socialista que gobernó la comunidad hasta diciembre de 2018.

El departamento que dirige la andaluza María Jesús Montero, consejera de Hacienda hasta mayo de 2018, exige a la Junta un plan de ajuste en sus cuentas y le prohíbe emitir deuda en los mercados financieros.

La Junta se queja del “daño reputacional” que estas restricciones hacen a la imagen de Andalucía, aunque, paradójicamente, ese daño se estaría viendo agravado por los propios damnificados al calificar con un término tan desmesurado como “intervención” lo que para el Ministerio de Hacienda sería una mera aplicación de lo estipulado en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales.

“Todas las comunidades adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez tienen los mismos derechos y obligaciones”, titula el Ministerio de Hacienda el comunicado difundido ayer y cuyo texto íntegro es como sigue:

“El Ministerio de Hacienda niega de forma rotunda que haya intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía y traslada las siguientes aclaraciones:

1) Andalucía ya presentó el pasado 3 de julio un Plan EconómicoFinanciero 2019-2020, que fue realizado a petición de la Secretaria de Estado de Hacienda en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El plan fue evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) el pasado 7 de agosto. En ningún caso se le piden recortes, sino que oriente su política presupuestaria al cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

2) La Junta de Andalucía solicitó el pasado 30 de julio su adhesión al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas para 2020. Por voluntad propia, el Gobierno andaluz pidió acogerse a los mecanismos extraordinarios de liquidez vigentes. La normativa establece que, en función del grado de cumplimiento de las reglas fiscales, las comunidades reciben el dinero a través del Fondo de Facilidad Financiera o a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Las obligaciones y consecuencias de estar en uno u otro compartimiento difieren.

La Secretaría de Estado de Hacienda comunicó el pasado 5 de diciembre que, teniendo en cuenta que Andalucía incumplió el objetivo de déficit y de deuda pública, quedaba adherida al Fondo de Liquidez Autonómica, lo que obliga a presentar un plan de ajuste “consistente con los objetivos de estabilidad y de deuda pública y con el plan económico-financiero que, en su caso, hubiera presentado, y que asegure el reembolso de las cantidades aportadas por el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”.

Así se establece en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Hacienda no exige un plan de ajuste arbitrariamente a la Junta de Andalucía, sino que simplemente se limita a cumplir lo que marca la normativa y pide que se corrija las desviaciones registradas. Es competencia de la comunidad autónoma decidir cómo lograr el cumplimiento de los objetivos de estabilidad.

3) El 5 de julio de 2018 se aprobó el “Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se establecen las condiciones y el procedimiento para la salida gradual a mercados de las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”.

En ese acuerdo, se establece que las autonomías acogidas a los mecanismos extraordinarios de liquidez deben estar adheridas al compartimiento de Facilidad Financiera. Esta condición ya no la cumple Andalucía y por eso no puede recurrir a la financiación de mercado. Nuevamente, no existe arbitrariedad, sino el cumplimiento de la normativa.

Además, la emisión de deuda por parte de las comunidades autónomas siempre requiere la autorización del Estado, con independencia de que estén o no adheridas a los mecanismos extraordinarios de liquidez y que hayan cumplido o no las reglas fiscales.

4) Decir que una comunidad autónoma está intervenida por financiarse exclusivamente a través del FLA o de Facilidad Financiera es faltar a la verdad y, de hecho, esta ha sido la situación que han atravesado la mayoría de comunidades autónomas y Andalucía desde 2012 hasta finales de 2018”.