La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado que juzgará a BBVA y al que fuera su presidente, Francisco González, por los encargos al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Lo hace tras haber desestimado íntegramente los once recursos de apelación presentados contra el auto de procesamiento.
El juez Manuel García Castellón propuso juzgar por delitos de cohecho continuado y de descubrimiento y revelación de secretos a la entidad financiera, a su expresidente y a otras doce personas, entre directivos de la entidad y mandos policiales, por contratar a Villarejo y a su empresa, el Grupo Cenyt, para realizar distintos encargos supuestamente ilegales.
Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, dicen que "no resulta creíble el desconocimiento alegado" por el propio BBVA. De esta forma, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de Seguridad de la entidad Julio Corrochano, del que fuera consejero delegado de BBVA Ángel Cano, del ex jefe de Control Interno Eduardo Arbizu y del exdirector de Riesgos Antonio Béjar.
La Sala de lo Penal se refiere precisamente al sistema establecido por BBVA de prevención y control para prevenir delitos. Los magistrados consideran que el mismo no era eficaz al dejar al margen de cualquier normativa de control a la Presidencia Ejecutiva y a la alta dirección que, indiciariamente, cometieron los "delitos de cohecho y revelación de secretos en beneficio de BBVA.
Asimismo, para la Audiencia Nacional "no es irrazonable concluir, como hace el instructor que, al menos indiciariamente, el modelo de organización y gestión para prevenir delitos no era eficaz en cuanto que había un grupo de personas que podían actuar al margen del mismo y sin control cuyas órdenes era obedecidas por los subordinados sin cuestionarlas".
Procesados en 2024
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo entre otros por delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos. El magistrado, en un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del 'caso Villarejo'.
El instructor relataba que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez explicaba cómo el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso.
"Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo", señalaba.
Lo que el mismo, indicaba el juez, "dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo".
A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.
