La batalla política desencadenada entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de Pedro Sánchez por las consecuencias del incumplimiento del objetivo de déficit, deuda y gasto de 2018 no ha hecho más que empezar, pero todo indica que será larga.
El Ministerio de Hacienda ha confirmado que Andalucía cerró el déficit de 2018 en el 0,41%, si bien a lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones), por encima del objetivo del 0,4%.
Ese incumplimiento se produjo con el Gobierno socialista de Susana Díaz –con la hoy ministra María Jesús Montero como consejera de Hacienda hasta mayo de 2018–, pero el Gobierno conservador de Juanma Moreno volverá a incurrir en la misma falta de rigor en el gasto.
Según el informe de agosto pasado de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, “bajo el escenario actual de ingresos, se considera improbable que la Comunidad Autónoma de Andalucía cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo moderado de incumplimiento de la regla de gasto”.
Como se sabe, el Gobierno andaluz ha reaccionado airadamente contra el Ministerio de Haciendo por haberle advertido este en una comunicación oficial que el año que viene la Junta no podrá salir a los mercados para endeudarse y disponer así de liquidez porque en 2018 incumplió los objetivos de estabilidad. Podrá financiarse mediante el Fondo de Liquidez Autonómica, dependiente del Gobierno, pero para ello tendrá que presentar un plan de ajuste de sus cuentas de 2020. La Junta tenía previstas para 2020 emisiones de deuda por valor de 700 millones.
En realidad, la restricción gubernamental que hoy ha derivado en una agria y bastante sobreactuada batalla política ya estaba contenida de forma explícita en el informe de la AIReF del mes de agosto, donde el organismo de control fiscal decía lo siguiente al respecto:
“Andalucía tiene que presentar un plan económico-financiero (PEF) por incumplimiento de la regla de gasto y el objetivo de deuda en 2018, que debe ser informado por la AIReF antes de su aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las CCAA (CPFF)”.
La AIReF no deja lugar a duda sobre las obligaciones que la ley estipulada para quien incumple los objetivos de estabilidad, impuestos a España por Bruselas en 2012 a raíz del rescate bancario. Así describe el organismo la situación andaluza:
“Andalucía incumplió la regla de gasto, con un crecimiento del gasto computable del 4,4%, así como el objetivo de deuda, con un endeudamiento del 22,0% del PIB. En consecuencia, en cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), debe formular un PEF que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos y de la regla de gasto y que debe someterse a informe de la AIReF antes de su aprobación por el CPFF”.
